El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, celebró la entrada en vigor de la reforma al Código Penal Federal (CPF), y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que sancionan con mayor rigor la piratería y el uso indebido de la identidad gráfica de instituciones públicas y advirtió que pese a que la oposición la nombró como la legislación “antimemes”, es falso ya que no contiene disposición alguna que vulnere la libertad de expresión o impida la crítica y la sátira periodística.
“Ni tiene nada que ver con impedir que se siga caricaturizando a quienes nos dedicamos a la política, a los funcionarios. Los memes seguirán existiendo y mientras mejor sean, , bienvenidos”. Dijo e hizo notar que “en Morena, siempre hemos defendido la libre manifestación de las ideas y las críticas al ejercicio gubernamental”.
Lo que la reforma, ya en vigor, establece es la defensa del derecho de autor de los escritores, músicos, artistas, artesanos y en general de los creadores de que sus obras no sean pirateadas, no se presenten antes de que el titular lo haga o se programen sin su autorización, expresó.
El artículo que motivó la polémica durante su discusión en ambas cámaras del Congreso fue el 403 bis del CPF que establece sanciones de hasta cinco años de prisión y multa que en la actualidad equivale a 1 millón 173 mil 100 pesos, para quien haga uso de logotipos e imágenes de dependencias de los tres órganos de gobierno, así como documentos oficiales “para inducir al error” y cometer fraudes u otro tipo de ilícitos.
Las nuevas disposiciones penalizan con prisión de cuatro a diez años a quienes “produzcan, reproduzcan, importen, exporten, almacenen, transporten, distribuyan, vendan o renten a escala comercial libros, fonogramas, películas o libros sin la autorización del autor o las divulguen antes de su lanzamiento formal.
Sin embargo, en los artículos transitorios de la reforma se establece que quienes enfrenten procesos penales por piratería u otros delitos relacionados con el derecho de autor podrán acogerse a la normatividad anterior, salvo que las disposiciones de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial “resulten más favorables a la persona imputada, acusada o sentenciada, en cuyo caso se aplicará la ley más beneficiosa”.
Fuente: La Jornada
