Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- La empresa Agrogema Agro busca recuperar seis helicópteros, un avión y sus instalaciones en Medellín de Bravo, luego de obtener dos amparos federales contra el cateo y aseguramiento de sus bienes, realizados por la Fiscalía General de la República (FGR) en enero de 2026.
Su abogado, José Jorge Reyes Peralta, aseguró que las resoluciones judiciales obligan a revisar las actuaciones de la Fiscalía y podrían afectar las pruebas reunidas durante la investigación por el presunto uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.
Este miércoles 4 de noviembre, antes de ingresar a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, en Emiliano Zapata, el litigante informó que ambos recursos fueron concedidos por la Jueza Sexta de Distrito en Veracruz.
“Acabamos de obtener dos amparos lisos y llanos que los concedió la Jueza Sexta de Distrito en el estado de Veracruz”.
De acuerdo con la defensa, uno de los amparos ordena dejar sin efecto la autorización del cateo efectuado el 6 de enero y emitir una nueva determinación que rechace la solicitud presentada por el Ministerio Público federal.
El segundo recurso corresponde al aseguramiento de las aeronaves, vehículos y demás instalaciones de la compañía, cuya devolución, según el abogado, fue ordenada judicialmente.
Reyes Peralta sostuvo que estas resoluciones también ponen en duda la validez de las evidencias obtenidas durante el operativo y las diligencias posteriores.
“Todas las pruebas que se generaron a partir del 6 de enero, de la orden de cateo a este día, no tienen ningún valor”.
Mientras continúa el procedimiento judicial, la empresa enfrenta pérdidas económicas que, según su representación legal, superaban los 50 millones de pesos desde hace aproximadamente mes y medio.
El abogado afirmó que el deterioro provocado por la inmovilización de las aeronaves ocasionó daños irreversibles en dos helicópteros, que ya no podrían volver a utilizarse.
“En este momento ya se echaron a perder dos helicópteros y es irreversible, es pérdida total de los helicópteros”.
La defensa también rechazó que la compañía haya operado irregularmente y aseguró que cuenta con los permisos correspondientes para sus actividades de fumigación agrícola.
“No tiene la empresa Agrogema Agro ningún procedimiento administrativo abierto. No hay ningún delito previo”.
Pese a los amparos, la FGR judicializó una carpeta de investigación por el presunto delito previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal, relacionado con el uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.
El litigante señaló que durante la audiencia buscaría conocer los elementos que sustentan la imputación y solicitaría la revisión de las actuaciones ministeriales realizadas desde enero.
El caso también derivó en denuncias presentadas por el apoderado legal de Agrogema Agro, Omar Pérez Gómez, contra el fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y tres agentes del Ministerio Público, por presuntos delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia.
Las denuncias fueron interpuestas ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR. Entre los funcionarios señalados se encuentran Carlos Manuel Pérez Solís y Andrea Jahel González Castillo.
