La coordinadora de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, así como su padre, Samuel Orlando García Mascorro, por delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Acusó un presunto esquema de triangulación de recursos desde el Gobierno del Estado hacia proveedores que presuntamente habrían transferido fondos a despachos vinculados con la familia del gobernador, con montos que se señalan en el orden de los 7 mil 200 millones de pesos, en conjunto con otros señalamientos de triangulación previa revisados en instancias locales y federales
Acompañada por el senador y delegado de Morena en Nuevo León, Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, la coordinadora señaló que también interpuso una querella en contra de Adrián de la Garza Santos, presidente municipal de Monterrey y Jovita Morín Flores, ex Contralora municipal, y miembro activo del PAN. Por delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias relacionados todos con su actuar con el caso Next Energy.
Indicó que esta acusación gira en torno a un contrato irregular con dicha empresa para el desarrollo de un parque solar. De acuerdo con la denuncia, dicho convenio generó una afectación económica al ayuntamiento por 7 mil 370 millones de pesos.
“Presentamos dos denuncias penales contra quienes resulten responsables, porque presuntamente habrían utilizado el poder público para beneficiar intereses particulares y comprometer los recursos de los nuevo leoneses.
Pero no sólo eso, dijo que hay investigaciones sobre contratos por 110 millones de pesos celebrados entre el gobierno de Samuel García con empresas sancionadas por la oficina de Control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Es indispensable investigar si existieron conflictos de intereses, si hubo tráfico de influencias, favorecimiento indebido de determinadas empresas, identificar quién autorizó los contratos, quién ordenó los pagos, verificar si los servicios efectivamente se prestaron, si las empresas involucradas contaban con los permisos y autorizaciones correspondientes y si se pagaron e iban bajo un avance de obra, ese avance de obra, quien lo fundamentó y quién lo justificó”.
Asimismo, dijo que resulta fundamental esclarecer el origen y el destino de los recursos utilizados para cubrir dichos pagos. “Particularmente si existió participación de recursos federales, y determinar si estos fueron ejercidos conforme a la legislación aplicable. Por ello, en ambas denuncias solicitamos la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía Especializada en inteligencia Financiera de Nuevo León y la Auditoría Superior de la Federación para reconstruir las operaciones financieras e identificar las cuentas involucradas y conocer a los beneficiarios finales.
Fuente: La Jornada
