Jesús Utrilla / NV Noticias
La Ley de Economía Digital todavía no establece afectaciones desfavorables inmediatas para los ciudadanos, pues sus disposiciones se enfocan en instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para definir los mecanismos mediante los cuales se impulsará el uso de medios de pago digitales, explicó Mario Herrera Téllez, abogado fiscal y especialista en prevención de lavado de dinero.
El exdelegado de la Procuraduria de Defensa del Contribuyente (Prodecon) señaló que la aprobación de esta iniciativa en el Senado forma parte de una estrategia del Gobierno federal para reducir el uso de efectivo en las operaciones económicas, combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y las empresas factureras, así como fortalecer la supervisión de las transacciones financieras.
Dijo que la propuesta, contemplada dentro del paquete económico para 2027, busca avanzar hacia una economía digital, aunque todavía deben definirse los mecanismos específicos para su aplicación. Por ello, consideró necesario distinguir entre las disposiciones generales de la ley y las posibles restricciones que posteriormente determine la autoridad hacendaria.
Herrera Téllez explicó que uno de los aspectos centrales es que en México todavía existen sectores de la población con acceso limitado a los servicios financieros, además de pequeñas y medianas empresas que mantienen el efectivo como su principal medio de pago, ya sea por facilidad, costumbre o falta de alternativas accesibles.
En ese sentido, señaló que la propia normativa reconoce la necesidad de ampliar el acceso a los servicios financieros antes de establecer obligaciones generalizadas para utilizar medios digitales. No obstante, advirtió que el uso de efectivo también puede facilitar prácticas de evasión fiscal o lavado de dinero, por lo que el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de control.
Recordó que actualmente existen disposiciones fiscales que limitan la deducción de pagos en efectivo superiores a dos mil pesos, además de restricciones establecidas en la legislación para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Precisó que la nueva ley no representa, por sí misma, una ampliación automática de esas restricciones, aunque sí faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores o grupos en los que podrían establecerse pagos exclusivamente mediante medios digitales, así como las excepciones correspondientes.
Por ello, consideró que el alcance real de la medida dependerá de las disposiciones secundarias y los mecanismos que emita la autoridad, particularmente para contemplar situaciones en las que las personas no tengan acceso a servicios financieros.
La implementación de estas medidas será determinante para conocer cómo impactará la transición hacia los pagos digitales a los ciudadanos, los comercios y las pequeñas y medianas empresas.
