En lo que va del año, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, aseguró 37.8 toneladas de presunta cocaína en operaciones marítimas, 47.2 por ciento más que lo decomisado durante 2025.
Pero no sólo eso, en 2026 incautó 26 embarcaciones, una de bajo perfil (LPV) y 54 motores fuera de borda. En este periodo detuvo 86 presuntos infractores de la ley en operaciones marítimas.
Lo anterior se llevó a cabo del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026, en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción marítima que realiza el personal naval para inhibir actividades ilícitas y mantener el Estado de derecho en las costas nacionales.
Como resultado de estas acciones, decomisó 37 mil 855.48 kilogramos de presunta cocaína, cifra que representa un incremento de 12 mil 142.48 kilogramos, equivalente a 47.2 por ciento, en comparación con los 25 mil 713 kilogramos asegurados durante 2025. “En total 63 mil 568 toneladas de cocaína que no llegan a las calles, ni a nuestros jóvenes” indicó la Marina.
Asimismo, agregó que durante el presente año se decomisaron 26 embarcaciones, una de bajo perfil (LPV) y 54 motores fuera de borda, además de la detención de 86 presuntos infractores de la ley.
“Estos resultados son producto de las operaciones que desarrolla la Armada de México mediante unidades de superficie, aéreas y de Infantería de Marina, orientadas a la vigilancia de las costas y aguas nacionales, así como a la detección, intercepción y aseguramiento de embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas”.
Dijo que el aseguramiento de estas sustancias “contribuye a reducir su disponibilidad y circulación, así como a prevenir que lleguen a las comunidades y afecten particularmente a las nuevas generaciones. Con ello, la Secretaría de Marina contribuye a la protección de la juventud y a la construcción de entornos más seguros para niñas, niños y jóvenes”.
Añadió que con estas acciones, la Marina refrenda su compromiso de fortalecer la vigilancia marítima, inhibir las actividades ilícitas y afectar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones delictivas, contribuyendo a proteger a la juventud, preservar la seguridad de las familias y mantener el Estado de derecho en el país.
Fuente: La Jornada
