Sam Ojeda | NV Noticias
Xalapa.- Los ayuntamientos deben revisar los cobros de estacionamiento en plazas comerciales que comenzaron operaciones después de diciembre de 2015, pues la legislación estatal establece que los cajones destinados a usuarios de establecimientos comerciales deben ser gratuitos, señaló el arquitecto Ulises Chama.
El especialista indicó que la disposición está contenida en el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado y entró en vigor el 26 de diciembre de 2015.
A partir de esa fecha, explicó, los nuevos centros comerciales quedaron sujetos a la obligación de proporcionar estacionamiento sin costo, mientras que aquellos que ya operaban previamente se encuentran en una situación distinta.
Chama puso como ejemplo los casos de Plaza Ánimas y Plaza Xanat, donde no se cobra a los usuarios por estacionarse. En contraste, consideró necesario que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata revise el caso de Plaza El Juguete, luego de que recientemente se dio a conocer la aplicación de una tarifa.
También pidió verificar la situación de Plaza Jardines, en Xalapa, ante información que recibió sobre un posible cobro de estacionamiento.
En el caso de la capital veracruzana, recordó que desde enero de 2016 el Cabildo armonizó la reglamentación municipal con la disposición estatal para impedir estos cobros en los establecimientos sujetos a la norma.
Por ello, sostuvo que corresponde a las áreas municipales de Comercio determinar si los centros comerciales cumplen con las disposiciones aplicables y, en su caso, intervenir ante posibles irregularidades.
No todas las plazas están obligadas a ofrecer estacionamiento gratuito. Chama explicó que algunos establecimientos que funcionaban antes de la reforma pudieron recurrir legalmente contra la disposición.
Mencionó el caso de Plaza Cristal, que obtuvo una resolución favorable mediante un amparo debido a que la legislación no podía aplicarse de manera retroactiva.
En caso de incumplimiento, señaló que las autoridades municipales pueden realizar requerimientos para detener el cobro e imponer multas, aunque las sanciones y procedimientos dependen de la reglamentación de cada Ayuntamiento.
