Por Art1llero
La propuesta de crear un censo o padrón de periodistas en Veracruz puede parecer, en principio, una buena intención. El gremio enfrenta una realidad compleja, está fragmentado, precarizado y atomizado, mientras la irrupción de los llamados generadores de contenido ha desdibujado las fronteras entre periodismo, opinión, activismo y propaganda.
El problema comienza cuando esa necesidad de “ordenar” el ejercicio periodístico puede terminar convirtiéndose en una intromisión del Estado.
¿Quién decidirá quién es periodista? ¿Con qué criterios? ¿Quién tendrá la facultad de incluir, excluir o validar? Y, sobre todo, ¿qué ocurrirá con quien decida no formar parte de ese padrón?
En una democracia, el periodismo no puede depender de una acreditación otorgada por el Poder. La libertad de expresión no es una concesión del Estado ni un privilegio reservado a quienes cumplen determinados requisitos administrativos.
Sí, el gremio necesita profesionalización, ética, transparencia y mecanismos para combatir la desinformación y las prácticas que deterioran su credibilidad. Pero esos estándares deben construirse desde el propio periodismo y la sociedad, no mediante una instancia gubernamental que termine estableciendo quién puede ejercerlo.
En Veracruz, donde la prensa ha pagado un precio muy alto por hacer su trabajo, cualquier mecanismo que permita al Poder identificar, clasificar o legitimar periodistas debe mirarse con especial cautela.
Una buena intención puede convertirse en un mal precedente.
El riesgo no es solamente tener un padrón, el verdadero riesgo es crear las condiciones para que, mañana, exista un Estado vigilante capaz de decidir quién informa, quién merece ser escuchado y quién queda fuera.
Cuando el Poder comienza a decidir quién puede ejercer el periodismo, la frontera entre regulación y censura deja de ser una línea abstracta y se vuelve peligrosamente real.
La prensa necesita ética y responsabilidad, pero, sobre todo, necesita libertad.
