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Derecho de admisión

La vida pública (…) es una lucha continua para rescatar un elemento de opción de la presión de las circunstancias.

Henry Kissinger

Abrazo solidario a Ernesto Ruffo Appel, un hombre de bien.

No es lo mismo la pepena de candidatos que la elección responsable de servidores públicos. Los partidos políticos y la ciudadanía están fallando como filtros para garantizar la postulación de mujeres y hombres idóneos para cumplir los deberes de los cargos en disputa. El ambiente donde actúan los políticos exige carácter y temple.

La democracia, se ha dicho suficientemente, es un medio, el menos irracional, sustentado en una voluntad mayoritaria, para llevar al poder a quienes teóricamente son los mejores. Si fallan, por la misma vía deben ser reemplazados. Si esos fines no se alcanzan, no sirve. Nuestra caterva de personajes públicos en todos los niveles es evidente.

Requerimos de un derecho de admisión a la política, “la regla que permite (…) prohibir la entrada o permanencia a ciertas personas. Esta regla debe basarse en razones claras y objetivas (…) los establecimientos no pueden usar esta regla para discriminar”.

Es un asunto delicado. Hay que priorizar las virtudes de los aspirantes. Exige sensibilidad para percibirlas. Y aunque en mi análisis englobo cargos de elección y de designación, el ejercicio es el mismo.

Estamos ya inmersos en un proceso electoral que, por donde se le vea, amenaza nuestra precaria gobernabilidad. Desde luego, es una tarea de todos. Sin embargo, para el desempeño de cada puesto es condición insoslayable poseer oficio y profesionalismo. Entre más calificados sean los encargados de otorgar servicios públicos, más beneficiados seremos los usuarios. Es algo obvio.

Sólo la experiencia y la capacidad van cuajando el carácter con la resiliencia adecuada. Desafortunadamente, la audacia de los aspirantes no se limita con un autoexamen honesto sobre los propios atributos: “El más chimuelo presume masticar tornillos”.

Octavio Romero en Pemex o ahora en Infonavit, Rosario Piedra en la CNDH, Gerardo Fernández Noroña en el Senado, Lenia Batres en la SCJN, las gobernadoras Layda Sansores de Campeche y Rocío Nahle de Veracruz, por sólo citar algunos casos, ¿pueden rendir buenas cuentas? ¿Hay alguna duda sobre su mal desempeño? Agréguense algunos mecanismos equivocados como la paridad de género que decayó en cuotas.

Se ignoró el servicio civil de carrera. Un ejemplo, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México supieron instrumentar una sólida meritocracia. Hubo un punto de inflexión. Arturo Herrera jamás hubiera permitido el endeudamiento gubernamental. Con un burdo garlito, se obtuvo su renuncia. Quien lo sustituyó no tuvo ni la más obligada oposición para adquirir una deuda que, con el sacrificio de muchas generaciones, se habrá de solventar.

Estoy convencido de que estamos padeciendo un profundo alejamiento de la cultura y la política. Se está llegando a la incivilidad y a la contienda sin reglas y sin árbitros confiables. Mi buen y talentoso amigo Agustín Basave escribe que hasta la derrota se ha tornado rentable. Signo inequívoco de decadencia.

Los partidos simulan encuestas, reciben consignas, tienen elites excluyentes. Sucede en todas las naciones que se definen como república. No obstante, en la nuestra, dando por supuesto que lo seamos, el no ponderar perfiles profesionales es, por decir lo menos, aberrante.

Es tan grave nuestra crisis que ni siquiera se perciben las buenas intenciones. Sin ellas, las consecuencias serán siempre las mismas en detrimento de la sociedad.

Concluyo: la próxima legislatura habrá de asumir tareas del constituyente permanente. Esto es, corregir las desastrosas reformas hechas a nuestra Carta Magna. Recuperar la dignidad de nuestros órganos colegiados para deliberar debe ser propósito prioritario. Si la política no es una cuestión de ideas se degrada para ser una pugna de intereses individuales. Si eso no se entiende, se confirma que estamos extraviados.

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