Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.-Más de 120 personas han solicitado la intervención del Gobierno de Veracruz al denunciar presuntas irregularidades en desalojos y afectaciones a su patrimonio, por lo que las autoridades revisarán cada lanzamiento, aun cuando exista una orden judicial, para detectar posibles anomalías relacionadas con el denominado “cártel inmobiliario”.
Esta organización es investigada como una red integrada por abogados, notarios y particulares que presuntamente utiliza juicios simulados y documentos falsificados para despojar a familias de sus viviendas. De acuerdo con las autoridades, el esquema ha dejado más de un centenar de personas afectadas, principalmente adultos mayores.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que la instrucción fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que verifique cada desalojo antes de ejecutarse.
“A la Secretaría de Seguridad Pública le he pedido que cada desalojo, aunque venga con instrucción judicial, lo revisemos para ver si no hay una anomalía”.
Explicó que la Secretaría de Gobierno mantiene abiertos más de 120 expedientes de ciudadanos que consideran haber perdido su patrimonio a consecuencia de resoluciones judiciales o desalojos que consideran irregulares.
“Tenemos más de 120 atenciones a ciudadanos que demandan, a su juicio, alguna alteración a su patrimonio debido a un acontecimiento del Poder Judicial, a un desalojo”.
Como parte de la estrategia, indicó que el Gobierno estatal también revisa el desempeño de jueces, magistrados y del personal involucrado en estos procedimientos.
“Ahora nosotros entramos como gobierno y autoridad a revisar lo que hacen jueces y magistrados y también nuestro personal”.
Añadió que las investigaciones alcanzan también al Registro Público de la Propiedad y a los notarios que hayan participado en operaciones cuestionadas.
“Estamos revisando el actuar de nosotros como compañeros de trabajo y los notarios se están haciendo auditoría”.
Señaló que donde existan elementos que acrediten irregularidades, las autoridades procederán legalmente. Como ejemplo, mencionó la recuperación de una vivienda en el fraccionamiento Las Ánimas, donde, afirmó, un desalojo fue obtenido de manera indebida.
Ahued Bardahuil informó que para atender estos casos ya se instaló una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Dirección del Registro Público de la Propiedad, el Colegio de Notarios y la Secretaría de Gobierno, con el propósito de que cada institución investigue el ámbito que le corresponde.
“Nos acabamos sentar en una reunión la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, Dirección del Registro Público de la Propiedad y el titular del Colegio de Notarios, con la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaria Jurídica de Asuntos Legislativos y cada quien se llevó la tarea para que no nos hagamos tontos”.
