Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- El Gobierno del Estado ha comenzado a recibir un mayor número de denuncias y solicitudes de acompañamiento relacionadas con presuntos casos de despojo y conflictos patrimoniales en la región de Xalapa, luego de que se hicieran públicos señalamientos sobre la posible operación de un “cartel inmobiliario”.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que diversas familias han buscado apoyo institucional para defender propiedades, solicitar anotaciones en el Registro Público o revisar posibles afectaciones legales.
“A raíz de que se dio este escándalo hemos atendido a muchas familias que piden atención para la recuperación, para la notación o defensa si se tienen agraviados en cuanto a una propiedad”.
Entre los casos que han cobrado notoriedad se encuentra el de los adultos mayores Obdulia Siliceo Viveros y José Luis Monge Aldama, ambos mayores de 85 años, quienes denunciaron en Coatepec una presunta red dedicada al despojo inmobiliario.
Los denunciantes acusaron posibles irregularidades notariales, abuso de confianza y falsificación de documentos relacionados con la transferencia de bienes inmuebles. Según su versión, los hechos ocurrieron tras encomendar la administración de su patrimonio a quienes identificaron como sus exabogados, Jorge Alfredo Hernández Marín y Delfino Bonilla Zamora.
También señalaron la intervención de los notarios Joel López García, titular de la Notaría Número 6, y Manuel Díaz Rivera, responsable de la Notaría Número 30 de Emiliano Zapata.
Entre los hechos denunciados se encuentra la presunta venta de un inmueble valuado en un millón 600 mil pesos, dinero que —aseguraron— nunca recibieron.
La denuncia involucra además al alcalde de Coatepec, Ignacio Luna Hernández, a quien responsabilizaron de ordenar la clausura de instalaciones deportivas de su propiedad. Los adultos mayores relataron además que el pasado 30 de abril policías municipales les impidieron ingresar a uno de sus predios cuando realizaban labores de limpieza y los amenazaron con detenerlos.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, Ahued Bardahuil sostuvo que el caso específico de Coatepec tiene un componente familiar, aunque aseguró que el Estado mantiene disposición para brindar acompañamiento.
“Es un tema más bien familiar, pero los podemos atender para que en el caso de que el Registro Público pueda hacer alguna anotación en su justa defensa lo hagan”.
El funcionario indicó que la Secretaría de Gobierno canaliza estos asuntos junto con el Registro Público de la Propiedad, sin interferir en litigios o procesos judiciales.
