Jesús Utrilla / NV Noticias
La abogada María de Lourdes Arauz Lara denunció públicamente que, a más de un año de haber presentado una querella por presunta violencia psicológica y de género contra David Alemano Campos, actual director de Fiscalización del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, la carpeta de investigación permanece sin avances.
Explicó que la denuncia fue presentada en abril del año pasado, cuando se desempeñaba como asistente y asesora jurídica del entonces regidor del municipio. Señaló que durante ese periodo sufrió conductas de violencia psicológica, discriminación y comentarios ofensivos relacionados con su condición de mujer.
Afirmó que, tras interponer la denuncia, continuaron las intimidaciones en su contra, por lo que solicitó nuevamente medidas de protección ante la Fiscalía especializada, sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido respuesta.
Dijo que también entregó un dictamen psicológico emitido por el Centro de Salud como parte de las pruebas integradas a la carpeta, aunque afirmó que dicho documento tampoco ha sido considerado dentro del proceso.
La abogada sostuvo que varios de los testigos que pretendía presentar desistieron de declarar debido a presuntas amenazas y presiones ejercidas por el funcionario señalado. Las únicas personas que acudieron a comparecer emitieron declaraciones favorables hacia él.
Explicó que la Fiscalía le solicitó contar con testimonios para fortalecer la investigación, aunque insistió en que existen otros elementos jurídicos que podrían incorporarse al expediente.
Según relató, el funcionario presuntamente utilizaba expresiones y conductas discriminatorias en el ámbito laboral, debido a que no aceptaba recibir indicaciones de una mujer dentro de las actividades administrativas y jurídicas del ayuntamiento.
“Yo lo único que quiero es justicia, justicia porque soy una mujer que trabaja y que estudia, y que no le pido a él nada para poder salir adelante”.
También manifestó temor por su integridad y la de su familia, al asegurar que continúa siendo objeto de intimidaciones indirectas por parte de personas cercanas al servidor público.
Reiteró que su única exigencia es que el caso avance y se garantice acceso a la justicia ante la denuncia presentada por violencia psicológica y de género.
