La Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se toman las decisiones administrativas, jurídicas y operativas del órgano, acumula tres años en inestabilidad, al producirse decenas de cambios de altos funcionarios.
Tan sólo en la dirección ejecutiva de Administración (DEA) –que en 2026 está a cargo del destino de una bolsa presupuestal de 14 mil millones de pesos– ha habido siete responsables de 2023 a la fecha.
Esta semana, la presidenta Guadalupe Taddei renovó la mitad de los asientos de la JGE, de manera directa, con base en una superfacultad que le dio un cambio legal, aprobada por el bloque mayoritario de Morena y aliados, concedido a la par de la reforma judicial; sin embargo, a decir de varios de sus colegas, al menos el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Mario Alberto Alejo García, no cumple con el perfil estipulado en la ley.
Los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo escalaron el asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento de que el abogado no cumple con los requisitos legales para ese puesto, responsable de conducir miles de revisiones a todos los candidatos y partidos políticos del país, particularmente tener mínimo cinco años de experiencia como directivo en temas de fiscalización.
La UTF tiene un papel preponderante en la definición de estrategias para determinar el origen y destino de miles de millones de pesos, tanto del financiamiento público entregado a partidos para sus gastos ordinarios como de todo recurso utilizado en periodos de campañas proselitistas.
El caso del nombramiento de Alejo García, quien era asesor del consejero Jorge Montaño, es el segundo en su tipo. El primero fue cuando el consejero Faz impugnó el primer nombramiento directo de Taddei, en favor del titular de la Unidad de Transparencia, igualmente al considerar que no tenía las cartas curriculares necesarias para ejercer el cargo.
Fuente: La Jornada
