Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- La exclusión de la mayoría de los ex policías de la desaparecida corporación intermunicipal Poza Rica–Tihuatlán–Coatzintla detonó este martes el bloqueo de la avenida Juan de la Luz Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, donde los inconformes reclamaron que el Gobierno del estado solo contempla pagar a 19 de los 74 despedidos en 2015.
Acompañados de su representante legal, los ex elementos exigieron el pago reparatorio completo y una reunión directa con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, al considerar que las autoridades han limitado el reconocimiento de afectados.
El abogado Ader Óscar Juárez afirmó que existe documentación oficial que respalda a todos los ex policías incluidos en la lista entregada a distintas dependencias estatales.
“Yo no me puedo sacar de la manga a uno porque se registra, ahí aparece si fue policía o no fue policía”.
Señaló que, pese a haber presentado la relación desde el año pasado ante instancias como la SSP, Política Regional y la propia Secretaría de Gobierno, únicamente se ha validado a una parte mínima del total.
“Yo entregué la lista en tiempo y forma tanto a SSP, a Política Regional, a Gobierno, a Ricardo Ahued y resulta que solo reconocen a 20”.
Explicó que en mesas de trabajo las autoridades condicionaron el pago a la presencia de los afectados, dejando fuera a quienes no acudieron.
“Dijeron en la mesa de trabajo que sólo le iba a pagar a 19 los que estaban presentes, pero de él salió que los demás tenían que venir”.
El litigante sostuvo que los ex policías están registrados como víctimas en instancias oficiales, por lo que rechazó los señalamientos de que se estén incorporando casos de manera irregular.
“Ellos reconocen lo más a 19 para pago, pero dice que yo me estoy sacando de la manga cada vez más gente; no, están querellados, si ellos buscan en la Fiscalía y en la SSP, están registrados como víctimas directas e indirectas”.
Indicó que al menos 55 personas siguen sin ser consideradas para el pago y criticó los montos ofrecidos por el Gobierno estatal.
“Si se pagara judicialmente sería más dinero, pero les están pagando lo que quieren, les pagan 20, 30, 40 mil pesos”.
