La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se está investigando el caso de la minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, que utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales.
Sin embargo, evitó ahondar en el tema —publicado la semana pasada por La Jornada— debido a que, dijo, no tiene todos los elementos para dar una posición al respecto.
“No quisiera yo manifestarme hasta no tener toda la información”, señaló en la mañanera de este lunes ante pregunta sobre los abusos en esta caso, en el que de forma inédita se dio una investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, que determinó que la compañía canadiense que opera la minera es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales”.
Afirmó que mañana, durante la comparecencia del gabinete de seguridad en la conferencia matutina, se darán los pormenores del caso; además que hablará con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, para conocer al respecto.
“Mañana con Seguridad se informa. Hoy voy a tener una plática con Marath para conocer todo el contexto de esta situación de la mina”.
—¿Pero esto es ilegal no? —se le preguntó.
— Claro que es ilegal —respondió.
—¿Habrá sanciones? —se le insistió.
—Evidentemente ninguna empresa, ni las mineras ni ninguna empresa que utilice cualquier forma de amedrentar a los trabajadores no está dentro de la ley, si hace esto, sino que además hay delitos que perseguir si se demuestra que esto fue así. Pero si nos permiten tener toda la información de todo el contexto.
Finalmente, ante cuestionamientos si se está indagando este caso, la jefa del Ejecutivo planteó: “Sí, se está investigando”.
La semana pasada, este diario dio a conocer que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata localizada en el municipio de Mazapil, fue responsable y guardó silencio en torno a la violencia ejercida por integrantes del crimen organizado contra los trabajadores.
De acuerdo con la resolución preliminar, los expertos panelistas documentaron evidencias sobre los actos de violencia y amenazas de muerte, en asambleas sindicales y en sus domicilios, contra los trabajadores de la organización sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, titular del contrato colectivo, para obligarlos a afiliarse a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
Fuente: La Jornada
