La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a un grupo de 65 juzgadores que emplazó al Estado mexicano para atender la petición que presentaron ante el organismo internacional, donde acusaron al gobierno federal de “cometer violaciones graves a derechos humanos mediante la reforma judicial”, señaló el Colectivo Artículo 41 integrado por impartidoras de justicia que se oponen a la enmienda aprobada en septiembre de 2024.
Señalaron que de prosperar los planteamientos de dicha, este procedimiento internacional “podría derivar en una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano por afectar la independencia judicial, desmantelar el modelo de carrera judicial que la sustentaba y vulnerar los derechos laborales”.
Reiteraron que la acusación sostiene que la enmienda “impactó gravemente” a miles de proyectos de vida de juzgadores que fueron cesados de manera arbitraria.
En el escrito remitido al representante de las víctimas, el abogado defensor de derechos humanos Zamir Andrés Fajardo Morales, la CIDH les dijo que el gobierno federal cuenta con un plazo máximo de cuatro meses para presentar sus observaciones frente a estas acusaciones.
La petición sostiene que, desde la aprobación de la reforma judicial, las autoridades han intentado impedir que los tribunales nacionales se pronuncien sobre su compatibilidad con los derechos humanos; de acuerdo con la petición, esta estrategia incluiría medidas como la reforma constitucional de inimpugnabilidad, el desacato deliberado a cientos de suspensiones judiciales, la persecución penal y administrativa de juzgadores, la concentración de todos los juicios de amparo en tres juzgados de Zapopan, Jalisco, “y decisiones recientes de la Suprema Corte que han cerrado cualquier posibilidad de control interno”.
En este contexto, la petición argumenta que el Estado mexicano “ha bloqueado deliberadamente los mecanismos internos de control, lo que abre claramente la puerta a la intervención de la jurisdicción internacional”.
Fuente: La Jornada
