Jesús Utrilla / NV Noticias
En Veracruz opera una presunta red de despojo inmobiliario, en la que participan notarios y hay posibles omisiones de autoridades. Jorge Reyes Peralta, abogado penalista, dijo que esto revela un esquema sistemático de corrupción, simulación de operaciones financieras y falta de supervisión institucional que mantiene la impunidad en el ejercicio notarial.
Explicó que por ejemplo,sobre la presunta venta irregular de un predio valuado en 98 millones de pesos, realizada sin una sentencia firme y con la participación de un notario público, que exhibe una práctica de despojo inmobiliario que ha sido tolerada durante años por autoridades estatales y organismos notariales en Veracruz.
El inmueble está ubicado en Xalapa,y es una herencia perteneciente a una familia con arraigo histórico en la capital del estado. Fue escriturado y vendido pese a que el juicio relacionado con la propiedad no ha causado estado, es decir, no existe una resolución judicial firme que ordenara la protocolización del bien.
Explicó que, sin que los legítimos herederos tuvieran conocimiento previo, se inició un juicio en su contra y, antes de que éste concluyera legalmente, se acudió ante el notario Miguel Ángel Díaz-ñ Pedrosa para formalizar la escritura como si hubiera una orden judicial, lo cual es falso, porque la sentencia hasta hoy no está firme.
Con base en esos documentos, detalló, se generó una escritura a favor de Marta N y, de manera subsecuente, el predio con una superficie aproximada de dos hectáreas fue vendido a José N y Manuel N por un monto de 98 millones de pesos, presuntamente pagados con cheques.
Sin embargo, tras presentar la denuncia e iniciar una investigación propia, la defensa afirma haber detectado múltiples irregularidades.
Reyes Peralta dijo que, para el registro de las escrituras, únicamente se habría cubierto un millón de pesos en efectivo, lo que, a su juicio, evidencia un contubernio no solo del notario, sino también del Registro Público de la Propiedad.
El abogado advirtió que la denuncia no se limitará a los particulares involucrados, sino que alcanzará a funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido estas prácticas.
