MACROSCOPIO
Edgard González Suárez
La desaparición forzada -el asesinato- de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, resultó a la postre en una de las heridas más profundas que dejó el neoliberalismo, abonando a la crisis de los derechos humanos en nuestro país.
El nombre completo de la institución de aquella Escuela Normal Rural es “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, y forma parte de un proyecto político y social que habilitó un sistema de normales rurales a mediados del siglo pasado para formar maestros comprometidos con la educación en comunidades marginadas. Es decir, la formación de maestros rurales.
Raúl Isidro Burgos, fue un destacado educador guerrerense que impulsó la formación docente en zonas rurales. Y particularmente la normal rural de Ayotzinapa era reconocida por su activismo social y por formar generaciones de maestros con fuerte conciencia política y compromiso comunitario. Hoy solo existen 17 escuelas normales rurales, pero solo tres sostienen una perspectiva de lucha político-ideológica para la mejora del campesinado en nuestro país. Además de la normal rural de Ayotzinapa (guerrero), se encuentra la de Mactumactzá (Chiapas) y la del Mexe (Hidalgo). Ellas son, quizá, las más activas y más militantes.
1. La crisis institucional del Gobierno de Peña Nieto.
La masacre del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, evidenció la colusión entre autoridades municipales, fuerzas de seguridad, militares y grupos del crimen organizado. El gobierno de Enrique Peña Nieto impuso la llamada “verdad histórica”, narrativa que fue desacreditada por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo que provocó una crisis de dimensiones internacionales, una pérdida de la legitimidad y confianza de la ciudadanía sobre el régimen y un descredito de las instituciones del Estado como la Fiscalía, el Ejército, la policía federal y municipal, y sobre todo del Gobierno en su conjunto. La masacre de Ayotzinapa se convirtió en símbolo de la impunidad y de la manipulación y simulación de las instituciones del Estado.
2. Ayotzinapa detonó la movilización social y la lucha contra el régimen neoliberal
La “verdad histórica” fue utilizada por el gobierno para poner fin a las especulaciones e investigaciones sobre el caso, pero en realidad solo sirvió para que la oposición -tanto de derecha e izquierda- desatara el rechazo y una ola de movilizaciones tanto a nivel nacional como internacional. Sectores sociales, colectivos de derechos humanos, estudiantes, académicos y familiares de víctimas articularon una resistencia que trascendió el país, hubo conferencias, videos, documentales, series, películas sobre el caso Ayotzinapa, visibilizando otras desapariciones forzadas y fortaleciendo la conciencia de que el régimen de peña nieto era ilegitimo y había caído en el descredito total. La frase “Fue el Estado” sintetizó ese descredito y generó una crítica más profunda a los regímenes neoliberales, desde Zedillo, pasando por Fox, Calderón y Peña Nieto.
En el plano electoral, el caso contribuyó al descrédito total del PRI y al ascenso de fuerzas políticas que capitalizaron el hartazgo social, como Morena. Ayotzinapa se convirtió en un referente obligado en los discursos de campaña, aunque siempre hubo mucha cautela para desenredar ese crimen colectivo.
La masacre de los 43 no puede entenderse sin reconocer el estigma que pesa sobre estas escuelas: pobres, combativas, incómodas para el poder. Históricamente han sido objeto de abandono presupuestal, criminalización mediática y represión política. Ayotzinapa, como Mactumactzá en Chiapas o El Mexe en Hidalgo, representa una pedagogía que incomoda porque educa para la emancipación, no para la sumisión.
La decisión de atacar a los estudiantes fue producto de los intereses coludidos de autoridades federales, municipales, estatales y militares que mantienen control político en la zona, pero también el control de tráfico de narcóticos. Dos ideas se desprenden de las investigaciones, los jóvenes cometieron un error al tomar el autobús equivocado con cargamento de droga y que las autoridades gubernamentales policiacas y militares debían proteger, y por eso fueron atacados, y dos, la idea que los gobiernos municipales y estatales querían promover, que los estudiantes, alguno o algunos de ellos, traficaban droga y fueron sorprendidos por una banda rival y los ejecutó no solo en venganza sino como ejemplo para los demás grupos delictivos.
3. Reformas institucionales y límites del cambio
Aunque se impulsaron reformas en materia de derechos humanos, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (2017), su implementación ha sido parcial y enfrenta resistencias burocráticas y políticas. El gobierno morenista integró una comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa en diciembre de 2018, aunque tuvo avances significativos: apertura de archivos, documentos, acceso a videos. Se permitió el acceso de los familiares a archivos oficiales, incluyendo algunos bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque con resistencias persistentes. Revisión del batallón de infantería de Ayotzinapa. Se emitieron nuevas órdenes de aprehensión contra militares, policías y funcionarios presuntamente involucrados. Si bien algunos procesos judiciales avanzaron, también se denunciaron beneficios procesales irregulares otorgados a militares, lo que debilitó la percepción de justicia.
4. La otra verdad
La Comisión de la Verdad y Justicia para Ayotzinapa deshecho la “verdad histórica” y confirmó el involucramiento del crimen organizado, policías municipales, militares y autoridades estatales en la desaparición de los estudiantes. Además de que fortaleció la línea de investigación que destaca el encubrimiento institucional y el llamado “pacto de silencio” entre actores criminales y estatales.
Si bien hubo avances en transparencia, documentación y judicialización de algunos funcionarios y personal de fuerzas militares y policiacas, no se logró esclarecer completamente donde están o donde quedaron los restos de los 43 estudiantes, tampoco se pudo sancionar de forma integral a los responsables. Lo que quedó claro, a ojos de la población fue la falta de colaboración plena de las Fuerzas Armadas, las contradicciones institucionales y un sistema judicial al servicio de los poderosos.
