Jesús Utrilla / NV Noticias
La propuesta del Gobierno Federal de destinar 33 mil 280 millones de pesos al Programa de Vivienda para el Bienestar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, es un avance en la atención de las necesidades habitacionales de millones de familias mexicanas, particularmente de aquellas que perciben menos de dos salarios mínimos, señaló el expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez.
“Se trata de una de las asignaciones más importantes en la historia reciente del sector, lo cual confirma que la vivienda ocupa un lugar prioritario en la agenda nacional. La ampliación de metas a 1 millón 800 mil viviendas para el sexenio es un paso firme para reducir el rezago habitacional y mejorar las condiciones de vida de la población”.
El programa contempla que el Infonavit construya y financie 1.2 millones de viviendas, mientras que la Conavi atenderá a quienes no tienen acceso a crédito o financiamiento. Asimismo, el plan incluye 150 mil acciones de vivienda en 2026, de las cuales 50 mil serán nuevas casas y 100 mil intervenciones de mejoramiento o ampliación.
Fernández Martínez destacó que la estrategia no solo busca incrementar la oferta de vivienda, sino también garantizar su calidad, así como inmuebles con servicios básicos como agua, drenaje y energía eléctrica; que estén ubicados cerca de escuelas, centros de salud y vialidades; además de contar con áreas verdes y espacios recreativos.
“Que se priorice a mujeres jefas de familia, población indígena y adultos mayores, da un enfoque social y de equidad que fortalece el sentido del programa”.
El plan sexenal, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, prevé además la entrega de 1 millón de escrituras y más de 1 millón 500 mil créditos para mejoramiento, lo cual, en palabras de Fernández Martínez, impulsará la formalización patrimonial y el fortalecimiento del sector inmobiliario.
Finalmente, señaló que el presupuesto 2026 para vivienda es una señal de confianza hacia el sector y una oportunidad para consolidar alianzas entre gobierno, desarrolladores y sociedad civil, con el fin de garantizar a más mexicanos el acceso a una vivienda digna.
