Macroscopio
Edgard González Suárez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa al tercer poder de la República, es decir, al Poder Judicial en México y, como todos los poderes de la República desempeña una función sustancial en el marco político de nuestro país.
El poder judicial, en una República, y con una orientación liberal, representa la mejor garantía del estado de derecho, la justicia, el arbitraje del conflicto entre poderes, además de que es garante de los derechos ciudadanos y humanos dentro de nuestra conflictividad social.
La Suprema Corte de la Nación lleva vigente, como institución, más de dos siglos. Y jugó un papel central al triunfo de la Revolución Mexicana e inauguró una fuerza jurídica garante del incipiente estado de derecho en el país. Se asumió como garante del control constitucional, es decir, vigilar que las instituciones del estado se apegaran a la ley y a la Constitución Mexicana. Sancionó leyes que protegían derechos sociales y ciudadanos, como las leyes del trabajo, las educativas, las de salubridad y sanitarias, las laborales, como la jornada de 8 horas, los salarios, la regulación bancaria, las leyes agrarias, medio ambientales y otras tantas. La Suprema Corte acompañaba el desarrollo y el proyecto de nación instituido desde el triunfo revolucionario.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Suprema Corte acuerpó los llamados derechos solidarios como el derecho a la paz, al Medio ambiente y al Desarrollo sostenible, a la Justicia Internacional, a la asistencia humanitaria y a la comunicación y a la información.
En los años 90´s, la Suprema Corte protegió derechos de 4ª generación: derechos humanos relacionados con la revolución tecnológica, que protege la intimidad, privacidad, y la dignidad humana frente a la tecnología. Sobre todo, en las redes sociales, el internet y la Inteligencia artificial.
La Corte tomó decisiones proteccionistas y garantistas frente al Derecho internacional, el matrimonio igualitario, la decisión, de las mujeres, no punible, de decidir sobre su embarazo, el reconocimiento de los derechos históricos y culturales de los pueblos originarios y libertad de expresión, para todos y todas las mexicanas, reflejan una visión de avanzada. Sin embargo, la Antigua Corte también jugó un papel político-ideológico, se sumó acríticamente a intereses partidarios y empresariales, se alió a intereses empresariales-transnacionales, se corrompió frente a políticos ligados al crimen organizado, militó abiertamente y aliada con partidos políticos, obstruyó, cada vez que pudo, los intentos de cambios o frente a sentencias que no convenian al viejo régimen.
Sin embargo, la llegada de otro modelo judicial, otro proyecto político y la institución de un nuevo régimen, interpela nuevos cambios de visión y de criterio de los nuevos ministros de la Suprema Corte.
La Nueva Suprema Corte de Justicia que entrará en vigor el primero de septiembre de este año tiene implicaciones administrativas, y políticas sugerentes. Un nuevo orden nacional exige una nueva suprema corte de Justicia.
La Suprema Corte entrante seguirá estando bajo la presión del conservadurismo y la derecha política que impugnó, peleó y se resistió hasta el último momento para no ser vencida.
La Antigua Suprema Corte de Justicia nunca fue independiente, nunca fue imparcial y nunca fue eficiente, fue producto de una correlación de fuerzas políticas derivada del proceso de consolidación política del siglo XX, y la Nueva Corte será resultado de una nueva correlación de fuerzas instituida en el Siglo XXI.
De entrada, la N-SCJN fue electa por voto popular, con un respaldo ciudadano de más de 13 millones de votos, frente a dos millones de votos nulos o en contra.
Sin embargo, la Nueva SCJN inicia sus actividades con una gran confianza política y legitimidad ciudadana, pero bajo presiones ideológica y políticas inevitables como los temas de Seguridad Pública, Respeto a los derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa, la detención de personalidades políticas ligadas al narcotráfico, deudas fiscales empresariales multimillonarias y las batallas legales sobre la extracción de la minería y la destrucción del medio ambiente terrestre y marino.
La nueva Suprema Corte está comprometida a atender el rezago histórico, resolver los casos en máximo un año, no depender de presiones políticas de ningún signo, luchar encarecidamente contra el nepotismo institucional, los sueldos desorbitantes, y los privilegios institucionales. Retos que parecen más bien desafíos.
El ciclo de la antigua Suprema corte de la Nación se cierra, y se abre un ciclo para la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos que pasos y de que esta hecha esta Nueva Suprema Corte de Justicia en México.
