MACROSCOPIO
Edgard González Suárez
La legitimidad es el reconocimiento social de una autoridad, institución o norma y que para el conjunto de la población y ciudadanía esta autoridad es justa en sus funciones, válida en sus acciones y aceptada moralmente por la sociedad. Las autoridades no solo deben llegar a esa autoridad por la vía legal, es decir, en estricto apego y sentido de la ley, sino también debe ser consentida por la población, y consolidar una conexión moral entre esa autoridad y la población en general.
En este sentido, una autoridad es legal cuando se refiere a que ésta asume esa autoridad en estricto apego a los procedimientos y normas que la ley establece; y la legitimidad se refiere al apoyo consentido y moral de su actuación por parte de quien pretende obedecer esos actos de la autoridad.
Ahora bien, la legitimidad se puede deteriorar e incluso perder si los actos de autoridad se perciben impropios, injustos, no válidos e inaceptables por la población que antes apoyaba a esa autoridad.
La legitimidad se debilita y se pierde cuando la autoridad actúa en clara flagrancia en contra de los principios legales, como por ejemplo, la violación al debido proceso, organización de fraudes electorales, manipulación del aparato administrativo a favor de intereses personales, conductas criminales o abusivas desde el poder, corrupción o ineficiencia administrativa, y por supuesto disonancia entre la voluntad popular y el actuar de los aparatos de gobierno, de poder y de autoridad en su conjunto.
Todo este preámbulo se hace necesario para destacar que el tema de la persecución judicial de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad pública del estado de Tabasco, gobernado por Morena, y a quien se acusa de ser el líder del grupo criminal denominado la “Barredora”, y que entre sus delitos se encuentran el lavado de dinero, el huachicol, la extorsión, el tráfico de drogas y de migrantes dentro y fuera del estado de Tabasco. Esto ha generado un aluvión de cuestionamientos y criticas -válidas todas ellas- por sus supuestos vínculos, de este personaje, con el crimen organizado en tabasco y quizá a nivel regional o nacional.
Como decíamos en el preámbulo, la legitimidad se deteriora e incluso se pierde si los actos de autoridad se perciben impropios, injustos, no válidos e inaceptables para la población que antes apoyaba a esa autoridad. Y, en el caso Requena, nos encontramos frente a tres de los factores mencionados que afectan negativamente a una legitimidad, ganada palmo a palmo, por el régimen de la 4T. Es decir, corrupción, conductas criminales y manipulación del aparato administrativo a favor de intereses personales.
Habría que conocer la carpeta de investigación, pero fue la Fiscalía del Estado de Tabasco, y el propio Omar García Harfuch quien hizo la denuncia, aunque también hay que decirlo, participaron el Gobernador actual del Estado de Tabasco, Javier May y el General de Brigada del Estado Mayor, Miguel Ángel López Martínez, quien en una entrevista de radio sostuvo que la orden de aprehensión contra el exfuncionario fue emitida el pasado 14 de febrero.
El caso Bermúdez Requena, ha tenido gran revuelo mediático, el gobierno federal debe actuar con contundencia, no solo deteniendo y procesando a Bermúdez Requena, sino también, actuando políticamente, si no es que judicialmente, en contra de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco en el sexenio anterior, exsecretario de Gobernación del gobierno anterior, y actual coordinador de los senadores de Morena en el senado de la república.
La legitimidad del Gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentra comprometida si no actúa de manera inmediata y con total contundencia en contra del supuesto líder de la “barredora”, sujetándose al debido proceso, y presentando las pruebas del caso para su detención, procesamiento y condena penal. Y actuar de manera política para el caso del Senador Adán Augusto López, quien se ha convertido en el mayor lastre del morenismo y quien ha generado el mayor deterioro en la legitimidad del gobierno actual.
Adán Augusto, debe ser removido de la coordinación de la cámara de senadores, e incluso debería pedir licencia como senador -cuanto antes mejor- para que se defienda sin fuero y todo se aclare; y, Requena debería ser procesado, y de resultar culpable de los cargos que se le imputan, ser sentenciado como criminal, lo antes posible también.
