La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este jueves su enérgico desacuerdo con el dictamen de la Suprema Corte estadunidense, que otorgó inmunidad a los fabricantes de armas bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
La Corte Suprema argumentó que no se probó que las empresas “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilícito de armas, revocando así la decisión previa de la Corte de Apelaciones que había admitido la demanda de México. El caso será devuelto a la Corte de Distrito para que los procedimientos continúen en consonancia con esta resolución. No obstante, la Suprema Corte no se pronunció sobre el argumento de la “proximidad del daño” esgrimido por los abogados mexicanos.
La SRE afirmó en un comunicado que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico ilícito de armas. México ha presentado argumentos sólidos que evidencian el daño que estas empresas causan al país y seguirá luchando contra el tráfico de armas y la responsabilidad de quienes permiten que el flujo de armamento alimente la violencia y a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas.
Esta demanda fue interpuesta por México en agosto de 2021 ante un juez de distrito en Boston, Massachusetts. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito había determinado que México había alegado de manera suficiente que “los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México”.
La decisión de hoy de la Suprema Corte no afecta la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue su curso y se encuentra en la etapa de producción de evidencia.
Para la SRE, ambas demandas han logrado visibilizar el grave impacto del tráfico de armas de fuego en México. El país ha logrado posicionar el tema no solo en la esfera bilateral, sino también multilateralmente, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se espera la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
Fuente: La Jornada
