Por Art1llero
La reciente revelación del medio estadounidense ProPublica, que señala que el gobierno de Donald Trump habría emprendido una campaña de revocación de visas a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, representa un golpe silencioso pero potencialmente devastador para el sistema político mexicano.
Según la investigación, decenas de nombres –entre ellos líderes de Morena, gobernadores estatales y personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador– estarían ya fichados, aunque hasta ahora sólo dos han reconocido la cancelación de sus visas.
La información, no desmentida por autoridades estadounidenses y sólo calificada como “no confirmada” por algunos gobiernos estatales, abre un frente de consecuencias impredecibles. La presidenta Claudia Sheinbaum ya solicitó explicaciones oficiales a Washington, pero la respuesta fue hermética: información confidencial, sin detalles.
La gravedad del caso no radica sólo en el acto de revocar visas, práctica que por sí misma no constituye un juicio penal. El verdadero terremoto se encuentra en el trasfondo político, diplomático y simbólico de una medida que parece apuntar directamente al corazón del actual proyecto político en México.
Durante décadas, la política exterior estadounidense ha utilizado la revocación de visas como un instrumento discreto pero eficaz para castigar a figuras incómodas. No se trata de una acusación judicial, sino de un castigo que opera en las sombras, sin necesidad de pruebas públicas ni procedimientos legales. Una medida que, aunque legal en el marco de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Sección 212), puede tener efectos devastadores en términos de percepción pública.
En este contexto, no es gratuito que la supuesta lista incluya a personajes cercanos a López Obrador. Si esta información es cierta, Estados Unidos estaría lanzando un misil político directo a la narrativa de “honestidad” que ha sido el sello de la autodenominada Cuarta Transformación. De paso, también envía una señal clara a Claudia Sheinbaum, el margen de tolerancia con los vínculos entre el poder y el crimen organizado será cero, al menos en el discurso.
Las implicaciones de esta revelación pueden ser múltiples, y ninguna de ellas es menor:
1. Deslegitimación política: Si se confirma que altos funcionarios de Morena –o de cualquier otro partido–han sido sancionados por presuntos vínculos con el narco, el efecto inmediato será una pérdida de legitimidad no solo para los individuos, sino para las instituciones que los promovieron. La narrativa del “gobierno del pueblo honesto” quedaría severamente dañada.
2. Crisis diplomática: Si el gobierno mexicano percibe que Estados Unidos actúa unilateralmente sin compartir información con sus contrapartes, podría generarse una escalada de tensiones. Una crisis diplomática no es descartable, especialmente si Sheinbaum endurece su postura o si se filtran más nombres de la supuesta lista.
3. Impacto económico y legal: La posibilidad de que las sanciones migratorias vengan acompañadas de medidas del Departamento del Tesoro –como congelamiento de cuentas o prohibiciones para operar con empresas estadounidenses– abre un nuevo capítulo. Esto podría afectar desde campañas políticas hasta financiamientos institucionales y relaciones comerciales.
4. Fuego amigo: Internamente, esta bomba puede ser utilizada por grupos opositores o incluso por facciones dentro de Morena para debilitar rivales políticos. Las filtraciones podrían convertirse en armas, y la política mexicana –ya de por sí frágil– puede tornarse aún más volátil.
Este episodio también deja al descubierto una verdad dolorosa: México no ha sido capaz de construir un sistema autónomo de investigación y sanción contra la corrupción y el crimen dentro de su élite política. Si es el gobierno de otro país el que tiene que señalarnos a nuestros propios corruptos, algo está profundamente roto.
En este sentido, la respuesta de las autoridades mexicanas no puede limitarse a exigir explicaciones. Es indispensable que se inicien investigaciones serias, autónomas y transparentes sobre los señalamientos. No por presión extranjera, sino por responsabilidad interna.
Ignorar esta situación o minimizarla sería un error estratégico. En la era de la información filtrada y la justicia mediática, una sanción migratoria puede ser políticamente más letal que una sentencia judicial.
El gobierno de Claudia Sheinbaum debe entender que está ante un parteaguas: puede asumir una posición de limpieza y firmeza institucional, o caer en la tentación de proteger nombres y estructuras que podrían arrastrarla al descrédito.
En tiempos de tormenta, la legitimidad no se defiende con discursos, sino con acciones claras. Si la lista negra de Washington es real, el silencio oficial puede convertirse en complicidad. Y en México, ya hemos visto lo caro que cuesta mirar hacia otro lado cuando el poder y el crimen caminan juntos.
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Este artículo es una pieza de análisis y opinión. Las afirmaciones reflejan la interpretación del autor sobre hechos reportados y están sujetas a confirmación oficial.
