Xalapa.- La protección de los derechos humanos debe ser el eje rector de toda decisión judicial, especialmente en casos donde personas son víctimas de intereses excesivos tras solicitar un préstamo, advirtió Josué Rodolfo Beristain Cruz, candidato a magistrado de Circuito en materia civil federal por el distrito 2.
Beristain Cruz subrayó que los jueces tienen hoy la obligación de analizar de oficio si en un caso existe usura, entendida como una forma de explotación entre personas y una afectación directa al patrimonio y dignidad de quien recibe el préstamo.
“La persona juzgadora tiene la obligación de analizarlo para ver si constituye usura y lo debe hacer de oficio como parte de la protección máxima de todos al patrimonio de las personas”, señaló.
A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, explicó, el enfoque en la justicia civil —incluido el derecho mercantil— ha cambiado, obligando a integrar estándares de derechos humanos en la interpretación judicial.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha reconocido que la usura puede representar una forma de explotación contraria a los principios constitucionales.
Beristain ejemplificó esta problemática con los préstamos otorgados por prestamistas informales o casas de préstamos, en los que, al firmar un pagaré, las personas aceptan intereses moratorios u ordinarios que en muchos casos resultan desproporcionados y dañinos.
“El solo interés no es constitutivo de usura, pero si se suma que la persona está en situación de pobreza, que el dinero fue solicitado para una necesidad básica como medicamentos, que quien lo prestó no está regulado o que el interés rebasa el doble de lo permitido en instituciones bancarias, puede concluirse que existe un fenómeno de usura”, explicó.
Enfatizó que en el pasado prevalecía una visión limitada, en la que si no se demostraba un vicio del consentimiento —como error o violencia—, la persona estaba obligada a pagar lo firmado. Ahora, con un enfoque de derechos humanos, los jueces deben recopilar y analizar información como tasas de interés en instituciones reguladas, el perfil del deudor, su contexto social y económico, y los fines del préstamo.
Finalmente, Beristain Cruz señaló que la preparación jurídica y la calidad humana de quienes imparten justicia son clave para emitir sentencias fundadas, con perspectiva de derechos y sensibilidad social. “Se trata de proteger la dignidad humana y evitar que la justicia sea un instrumento de validación de abusos”, concluyó.
