La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso para impedir la entrega de premios o reconocimientos en las instalaciones del Poder Legislativo a personajes ligados al crimen organizado.
La propuesta prevé permitir solo los reconocimientos institucionalmente previstos en la Ley Orgánica, como las medallas “Eduardo Neri-Legisladores de 1913”, “Gilberto Rincón Gallardo” y “Sor Juana Inés de la Cruz” en la Cámara de Diputados, y la “Belisario Domínguez” en el Senado de la República, entre otros.
Tras la difusión de imágenes de la entrega de reconocimientos a Sergio Arturo Ramírez, asesor legal del capo Ismael El Mayo Zambada, en el Congreso, López subrayó la necesidad de evitar que la Cámara de Diputados y el Senado de la República sean utilizados para premiar a personas de dudosa honorabilidad o a representantes de la delincuencia organizada.
“En Morena se pasan la bolita, pero las imágenes que han salido a la luz dejan claro que el crimen organizado ya se coló en sus filas. No solo reparten premios ‘patito’, sino también usan recursos públicos, la imagen institucional y hasta las instalaciones del Congreso para darles reconocimiento a quienes no lo merecen”, acusó.
Señaló además que, nadie quiere asumir la responsabilidad de haber premiado a “narcoabogados” y remarcó que los espacios públicos son de los ciudadanos, no de Morena ni de ningún partido que quiera rendirle homenajes al crimen organizado.
“Desgraciadamente no es la primera vez que se galardona a personas de dudosa honorabilidad”, dijo, al recordar que en 2019 se premió al entonces líder de la iglesia “Luz del Mundo”, Nassón Joaquín García, actualmente sentenciado en Estados Unidos por abuso sexual.
La diputada de Acción Nacional subrayó que en lo que va de la 66 Legislatura se han llevado a cabo más de 200 eventos, tanto al interior como al exterior de la Cámara de Diputados, durante los cuales se hace uso de recursos públicos y la imagen institucional.
Por ello se busca restringir el uso indebido de las instalaciones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como la imagen institucional para este tipo de entregas “que, a todas luces, dañan el prestigio del Congreso de la Unión”.
Fuente: Milenio
