Previo al inicio de los dieciséis días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que esta obligado a cubrir dos mil 200 millones de pesos en adeudos con el Sistema Tributario Federal derivado de auditorías irregulares del sexenio pasado.
Señaló que en el último año de su antecesor en el cargo, se practicaron auditorias con inconsistencias por lo que el SAT le aplicó al estado sanciones económicas, las cuales esta obligadas a cubrir y en estos momentos no tiene dinero para pagarlas.
Rocha Moya externó que sigue negociando con el Sistema de Administración Tributaria para cubrir estos dos mil 200 millones de pesos en plazos, dado que no dispone de esa cantidad que heredó de la administración estatal anterior.
El noviembre del 2023, el ejecutivo estatal explicó que se inició una negociación con las autoridades federales para que no se suspendiera el Convenio de Coordinación Fiscal, ya que ello afectaría a su administración y reduciría sus ingresos, ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La corte validó las medidas aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estado de Sinaloa por incumplimiento del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, por lo que esta entidad esta impedida a iniciar actos de fiscalización de contribuyentes federales por un periodo de cuatro a seis meses, ni recibirá incentivos.
Sobre esta resolución, en un comunicado que se emitió en 2023, el ejecutivo estatal aclaró que se trata de un litigió que heredó del sexenio pasado y que, al tomar posesión del cargo, fue notificado que la Corte había resuelto sancionar a Sinaloa, por lo que tuvo que presentar un recurso de inconformidad.
Estos juicios que se perdieron, citó el mandatario estatal, vienen de la administración estatal anterior, en la que se cometieron errores y faltas y que ahora se tiene sanciones, buscará que ellas no vayan a afectar los ingresos que se tienen por el tema del Convenio de Coordinación Fiscal.
Rocha Moya expuso que los errores que se cometieron en el sexenio pasado que motivaron los juicios, tienen relación a las auditorias practicadas a dos empresas muy conocidas y prominentes en el estado.
