La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión para que la Sala Superior del TEPJF reevalúe los hechos y revoque la sentencia sobre las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador que fueron resueltas como coacción del voto, al considerar que carece de fundamentación y motivación suficientes.
La Consejería criticó a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por calificar como coacción del voto las expresiones del presidente de la República. Según el comunicado, las acusaciones carecen de argumentación y pruebas sólidas, afirmando que se ha incurrido en un uso indebido de programas sociales.
“Los magistrados electorales omiten sustentar, con elementos objetivos, cómo es que una simple expresión se traduce en la coacción a más de 35 millones de personas que votaron a favor de continuar la transformación de nuestro país”, se lee en el comunicado.
Además, señala que los magistrados electorales Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala no han podido sustentar cómo una “simple expresión del presidente” puede traducirse en la coacción de más de 35 millones de votantes que apoyaron la continuación de la transformación del país.
Se acusa a los magistrados de actuar como “pitonisos” al interpretar que las declaraciones del presidente, realizadas durante las conferencias de prensa del 9 y 11 de mayo, tenían la intención de presionar a los votantes condicionando los beneficios de los programas sociales.
Además, destaca que las afirmaciones de la sentencia son tan generales y vagas que incluso el magistrado Lara Patrón se apartó de los motivos expuestos al considerar que no se había realizado un estudio exhaustivo. Sin embargo, a pesar de estas reservas, votó a favor del proyecto.
“Las afirmaciones vertidas en la sentencia son tan generales y banales, que el propio magistrado Lara Patrón se apartó de los motivos expuestos al considerar que no se había realizado un estudio exhaustivo, ya que en la resolución sólo se señala “de manera dogmática la actualización de las infracciones, sin precisar mayores argumentos y realizar un estudio pormenorizado de cada una de ellas”; no obstante, votó a favor del proyecto”, asegura.
Esta falta de precisión y evidencia ha sido calificada de irresponsable por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que acusa al órgano jurisdiccional de basarse en suposiciones en lugar de pruebas.
Fuente: El Universal
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