Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- El juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiocomunicaciones y radiodifusión otorgó una suspensión provisional en contra del registro en el recientemente aprobado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que busca recabar datos biométricos de los usuarios de este servicio.
El representante de la firma de abogados Aguirre y Montoya, Argel Humberto Aguirre García, indicó que el padrón atenta contra el principio de presunción inocencia porque el Gobierno considera como criminales a los ciudadanos al querer tener acceso libre a sus comunicaciones.
“Estaría pidiendo nuestro registro para efecto de que el día en que nosotros decidamos delinquir pueda tener acceso a nuestros datos biométricos asegurando nuestras líneas telefónicas, pero esto no opera así porque el Código Penal de Procedimientos señala que para intervenir comunicaciones se requiere control judicial”, dijo.
Dijo que su firma de abogados es la primera en el estado de Veracruz en lograr la suspensión provisional al plantear que la entrega de estos datos biométricos además de ser inconstitucional vulnera nuestra autodeterminación informativa.
Señaló que el riesgo es que se facultaría a particulares, en este caso a los trabajadores de compañías telefónicas, que recaben esos datos y con ello se limita el derecho humano a las comunicaciones y se vulnera el principio de presunción de inocencia.
Cabe destacar que la próxima semana se realizará la audiencia incidental para confirmar la suspensión definitiva y la firma de abogados oferta tramitar 50 juicios de amparo de manera gratuita en Xalapa y 50 en la Ciudad de México.
Los requisitos que se piden es que los interesados cuentan con firma electrónica (FIEL), así como una factura de su línea telefónica, ya que este será la primera parte de un programa a largo plazo que busca ayudar a más personas.
El abogado agregó que si no se tiene un cuidado e infraestructura que proteja al padrón en contra de ataques cibernéticos estos datos podrían llegar a manos equivocadas, pues la ley no define cómo se van a almacenar esos datos y cuáles serán los mecanismos de protección.
“No tenemos ni siquiera certeza de si las empresas telefónicas tienen protocolos de seguridad, el padrón es innecesaria porque existen instituciones públicas que recaban esos datos biométricos como el SAT o INE y en caso de que la autoridad ministerial puede solicitarlo a través de un control judicial”.
