Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) admiti\u00f3 a tr\u00e1mite 30 controversias constitucionales que impugnan la Ley General de Comunicaci\u00f3n Social (LGCS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), mismas que conforman la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n
Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n dio entrada a los recursos, pero rechaz\u00f3 conceder la suspensi\u00f3n solicitada por municipios gobernados por el PAN y el PRI.<\/p>\n\n\n\n
Las impugnaciones se suman a los recursos legales promovidos por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitl\u00e1n Izcalli, en el Estado de M\u00e9xico, as\u00ed como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua, y del Instituto Nacional Electoral (INE).<\/p>\n\n\n\n
La Ley General de Comunicaci\u00f3n Social establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campa\u00f1as de difusi\u00f3n y es aplicable para los entes p\u00fablicos que integran a los tres poderes de la Federaci\u00f3n, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M\u00e9xico, as\u00ed como los \u00f3rganos a los que la Constituci\u00f3n dota de autonom\u00eda y cualquier otra instituci\u00f3n o entidad de car\u00e1cter p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas se\u00f1ala las sanciones a funcionarios que no cumplan con las restricciones para comunicaci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n