La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), en coordinaci\u00f3n con la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob) crearon la Comisi\u00f3n Especial de B\u00fasqueda para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz S\u00e1nchez, militantes del Ej\u00e9rcito Popular Revolucionario (EPR), quienes desaparecieron a manos de militares y polic\u00edas estatales, en mayo de 2007. <\/p>\n\n\n\n
En acato a una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), la Fiscal\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de los Delitos de Desaparici\u00f3n Forzada de la FGR notific\u00f3 a Mar\u00eda del Carmen S\u00e1nchez Cisneros, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, que el pasado 3 de noviembre se cre\u00f3 la mencionada comisi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la FGR se\u00f1al\u00f3 que se fij\u00f3 una reuni\u00f3n de trabajo para el 17 de noviembre con las autoridades de las otras dependencias, a fin de calendarizar los siguientes encuentros que llevar\u00e1n a cabo. En agosto pasado, por primera vez, la Suprema Corte estableci\u00f3 un plazo para que las mencionadas dependencias y la Comisi\u00f3n Nacional de B\u00fasqueda (CNB) tomaran acciones para localizar a los eperristas. <\/p>\n\n\n\n
Con tres votos contra uno, la primera sala aval\u00f3 el proyecto de la ministra Margarita R\u00edos Farjat, quien propuso amparar a la familia de las v\u00edctimas, resoluci\u00f3n que oblig\u00f3 a las autoridades federales a integrar la Comisi\u00f3n Especial de B\u00fasqueda, junto con especialistas y abogados que propongan los hijos de los desaparecidos. Asimismo, la Corte dio un plazo de 30 d\u00edas, a partir la notificaci\u00f3n oficial de su sentencia, para que la FGR de a conocer una versi\u00f3n p\u00fablica de la carpeta de investigaci\u00f3n del caso.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la Sedena tiene que autorizar el acceso de la comisi\u00f3n a todas las instalaciones militares donde se sospeche que existe alg\u00fan indicio para localizar a las v\u00edctimas. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz S\u00e1nchez fueron detenidos por autoridades el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca. <\/p>\n\n\n\n
En 2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consider\u00f3 que la Corte era la \u00fanica autoridad facultada para fijar los lineamientos en estos temas, pese a los ya existentes desde 2011 por el caso Rosendo Radilla Pacheco. Por este motivo dej\u00f3 en manos de la Corte los recursos de revisi\u00f3n que presentaron los titulares de la Sedena y de la FGR, quienes impugnaron la sentencia que ampar\u00f3 a los familiares de los eperristas. <\/p>\n\n\n\n
El secretario de la Defensa aleg\u00f3 que la juez de Distrito se extralimit\u00f3 en sus facultades, porque sin existir pruebas fehacientes o resoluciones definitivas, se\u00f1al\u00f3 \u201csubjetivamente la certeza de violaciones graves a los derechos humanos por parte de elementos del Ej\u00e9rcito, adem\u00e1s de que le impuso diversas obligaciones, incluidas algunas que defini\u00f3 con el car\u00e1cter de medidas de satisfacci\u00f3n y reparaci\u00f3n. En tanto a la FGR le orden\u00f3 actuaciones y publicaciones, que violentan sus atribuciones. <\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Colegiado puntualiz\u00f3 que, para no romper el equilibrio entre las partes, ni imponer indebidamente obligaciones a cargo del Estado, derivadas de conclusiones jur\u00eddicas adoptadas a partir de la construcci\u00f3n de novedosos criterios jurisprudenciales, estim\u00f3 procedente dejar a salvo\u00a0la competencia de la Corte para que sea la misma la que los estableciera. <\/p>\n\n\n\n