Una jueza federal suspendi\u00f3 de manera indefinida la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional\u00a0a la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena), y orden\u00f3 devolver el control de la corporaci\u00f3n policiaca a la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC). <\/p>\n\n\n\n
Karla Mar\u00eda Mac\u00edas Lovera, jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, otorg\u00f3 una suspensi\u00f3n definitiva a \u00c1ngel Castro G\u00f3mez, representante de la organizaci\u00f3n Uniendo Caminos M\u00e9xico, de quien dijo s\u00ed tiene inter\u00e9s leg\u00edtimo para impugnar el decreto, porque se trata de un defensor de derechos humanos. <\/p>\n\n\n\n
El quejoso aleg\u00f3 que la norma reclamada potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que la incorporaci\u00f3n de la Guardia Nacional a la Sedena puede generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestaci\u00f3n de ideas, expresi\u00f3n y reuni\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Lo anterior, porque la seguridad p\u00fablica no es de car\u00e1cter militar, sino que es una funci\u00f3n del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federaci\u00f3n, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n. La juzgadora se\u00f1al\u00f3 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben limitar al m\u00e1ximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad com\u00fan o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben est\u00e1 dirigido a derrotar un objetivo leg\u00edtimo, y no a la protecci\u00f3n y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. <\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el Presidente y la Sedena argumentaron que la suspensi\u00f3n deb\u00eda negarse porque la inaplicaci\u00f3n de una ley de seguridad p\u00fablica contraviene el orden social, ya que impide la consolidaci\u00f3n de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de la Sedena. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la juzgadora consider\u00f3 que la suspensi\u00f3n definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana. Los efectos de la suspensi\u00f3n definitiva son para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional, y dicho organismo contin\u00fae bajo el mando de la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, para que la SSPC y la Sedena suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que se refiere el art\u00edculo Sexto transitorio, fracci\u00f3n II, del decreto combatido. En el supuesto de que dicha transferencia haya iniciado ya, deber\u00e1n restituirse todos los recursos de la Guardia Nacional a la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, en los t\u00e9rminos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.<\/p>\n\n\n\n