La\u00a0Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Art\u00edculo 19 y Social Tic\u00a0exigieron al gobierno y a la\u00a0Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena)\u00a0presentar pruebas que contradigan su informe Ej\u00e9rcito Esp\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Con su publicaci\u00f3n, las entidades aseguraron que lasFuerzas Armadas\u00a0intervinieron el celular de dos periodistas y un activista de derechos humanos. Sin embargo, tanto el ej\u00e9rcito como el Gobierno federal negaron los hechos.<\/p>\n\n\n\n
Por esta raz\u00f3n, las organizaciones insistieron que \u201cla Sedena no desvirt\u00faa de forma alguna lo publicado en la investigaci\u00f3n \u2018Ej\u00e9rcito Esp\u00eda\u2019\u201d. Es decir, \u201cno refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, las\u00a0entidades no gubernamentales solicitaron a las Fuerzas Armadas\u00a0que publiquen la totalidad de los contratos relacionados a la contrataci\u00f3n y prestaci\u00f3n del \u201cServicio de Monitoreo Remoto de Informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al mismo tiempo, se\u00f1alaron que presentaron los contratos del Gobierno con empresas que utilizan este software y que, al ser cuestionados al respecto,\u00a0omitieron la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por esto, pidieron \u201cresponder si los documentos que demuestran la contrataci\u00f3n con\u00a0Comercializadora Antsua S.A. de C.V.\u00a0y el ocultamiento de la misma ante la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF), la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y R3D son falsos o aut\u00e9nticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Dentro de sus demandas, tambi\u00e9n incluyeron la de especificar si las acciones de inteligencia, como las llam\u00f3 el presidente L\u00f3pez Obrador, incluyen la intervenci\u00f3n de comunicaciones privadas de civiles.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, sostuvieron que no se presentaron pruebas para contradecir la infecci\u00f3n a trav\u00e9s del malware Pegasus en contra del\u00a0activista Raymundo Ramos\u00a0y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Pol\u00edtico, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones\u00a0se\u00f1alaron\u00a0que la Sedena\u00a0se contradijo, ya que admiti\u00f3 que utiliz\u00f3 el software Pegasus entre 2011 y 2013.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, \u201clos hallazgos de la\u00a0Comisi\u00f3n para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa\u00a0y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ej\u00e9rcito despu\u00e9s de 2013\u2033.<\/p>\n\n\n\n
Adicionalmente, enfatizaron que la Sedena no est\u00e1 facultada legalmente para intervenir los dispositivos de civiles, por lo que llevarlo a cabo va en contra de la constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa Sedena afirm\u00f3 no haber solicitado autorizaci\u00f3n judicial para intervenir comunicaciones privadas (…) por lo que a\u00fan si tuviera facultades legales, cualquier intervenci\u00f3n de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilega<\/em>l\u201d, se\u00f1alaron.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n