Tras dos a\u00f1os de revisi\u00f3n a las finanzas de esta administraci\u00f3n, la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) est\u00e1 lista para promover sanciones por 315 millones de pesos contra el gobierno por lo ejercido en 2019 y 2020.<\/p>\n\n\n\n
Con lo que las instituciones no han podido esclarecer, la ASF comenz\u00f3 la formulaci\u00f3n de los informes para que la autoridad prepare sanciones. De acuerdo con la ley, la ASF emite informes de presunta responsabilidad administrativa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando detecta que los servidores cometieron faltas graves en el uso de los recursos. <\/p>\n\n\n\n
El primer paquete de irregularidades del actual gobierno federal por sancionar est\u00e1 conformado por\u00a027 expedientes de 13 dependencias, sumando un posible desfalco de 315 millones de pesos. <\/p>\n\n\n\n
De cuentas pendientes de\u00a02019 y 2020, en total, la ASF emiti\u00f3 informes de presunta responsabilidad administrativa por mil 829.7 millones de pesos, pero de esos\u00a0mil 500 corresponden a gobiernos estatales, principalmente el de Oaxaca (mil 339 millones), y gobiernos municipales. <\/p>\n\n\n\n
En cuanto a la cuenta p\u00fablica 2021, la ASF comenzar\u00e1 a entregar el primer paquete de nuevas auditor\u00edas\u00a0a m\u00e1s tardar el pr\u00f3ximo jueves. En agosto de 2019,\u00a0la empresa paraestatal Exportadora de Sal (ESSA)\u00a0pag\u00f3 4.1 millones de d\u00f3lares \u2014m\u00e1s de 80.4 millones de pesos\u2014\u00a0a la compa\u00f1\u00eda Astilleros Marecsa por un buque remolcador que mand\u00f3 construir desde 2017, que\u00a0necesitaba \u201cpara incorporarlo al proceso de transporte de sal industrial\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Cuando los auditores de la Marina acudieron a revisar el avance en la construcci\u00f3n, se encontraron con que del supuesto 81.15 por ciento del armado que report\u00f3 la empresa, no se llevaba ni 40. <\/p>\n\n\n\n
En 2019\u00a0ESSA decidi\u00f3 contratar, con la outsourcing Oscar & Maritime Agency, a siete capitanes, un piloto, un coordinador ejecutivo, un auxiliar administrativo\u00a0y un auditor por 16.6 millones de pesos, cuando el l\u00edmite autorizado eran 528 mil pesos. La ASF emiti\u00f3 tres pliegos de observaciones por el probable da\u00f1o patrimonial total de 97.62 millones de pesos, pero como ESSA no los solvent\u00f3, se inici\u00f3 investigaci\u00f3n por\u00a0presunta responsabilidad administrativa.\u00a0 <\/p>\n\n\n\n
En 2019 el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n contrat\u00f3 a Tecnolog\u00eda en Sistemas de Apoyo para instalar un servicio de protecci\u00f3n de datos en sus equipos de c\u00f3mputo; no obstante, dos d\u00edas despu\u00e9s de que terminaron el trabajo, en abril de 2020, se report\u00f3 un incidente de ciberseguridad. <\/p>\n\n\n\n
Meses antes de que se contratara a la empresa\u00a0ya hab\u00eda un ente intruso en la red del INM; el instituto pag\u00f3 53 millones por un supuesto servicio de seguridad que nunca lo detect\u00f3. El INM no pudo solventar los 62.74 millones por servicios inform\u00e1ticos fraudulentos y la ASF inici\u00f3 dos investigaciones.\u00a0 Asimismo, est\u00e1 el caso de una\u00a0biblioteca que se inund\u00f3 cuando una tuneladora en el\u00a0Tren Ligero de Guadalajara rompi\u00f3 una tuber\u00eda. Otras dependencias con expedientes son el AICM, Capufe, Conagua, Conapesca, los puertos de Veracruz, Altamira, Salina Cruz, Ensenada, Topolobampo y la Semar. <\/p>\n\n\n\n