Como parte resoluci\u00f3n del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) a la Ley de la Industria El\u00e9ctrica, los ministros rechazaron que las reformas realizadas por el gobierno del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador hayan violado tratados internacionales como el T-MEC.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, especialistas como Kenneth Smith, socio de la consultora AGON y ex jefe negociador del T-MEC en M\u00e9xico, consideraron que, de aprobarse esta reforma el\u00e9ctrica, se generar\u00edan sanciones para M\u00e9xico pa\u00eds v\u00eda el tratado. Pero, \u00bfqu\u00e9 fue lo que resolvi\u00f3 el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds en este caso? <\/p>\n\n\n\n
Como parte de los art\u00edculos impugnados por senadores de oposici\u00f3n estaban el 3, fracci\u00f3n XII bis, 4, fracci\u00f3n VI, 26, 53, 101, 108, fracci\u00f3n VI de la Ley de la Industria El\u00e9ctrica, los cuales, argumentaron, violaban el art\u00edculo 133 Constitucional; as\u00ed como el Tratado Integral y Progresista de Asociaci\u00f3n Transpac\u00edfico y el Tratado entre M\u00e9xico, Estados Unidos y Canad\u00e1, por otorgar un trato favorecedor a la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE). <\/p>\n\n\n\n
El pleno de la SCJN rechaz\u00f3, por unanimidad, este apartado impugnado; de hecho, fue el \u00fanico punto del proyecto que tuvo el consenso de sus 11 integrantes. Los ministros resolvieron que los argumentos de los senadores de oposici\u00f3n eran infundados, \u201cal no estar encaminados a acreditar una violaci\u00f3n directa al art\u00edculo 133 constitucional, ni a un derecho humano reconocido en un tratado internacional en el que el Estado Mexicano sea parte\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Determinaron, en primer t\u00e9rmino, que los senadores no hicieron valer las violaciones directas a la Constituci\u00f3n; y, en segundo lugar, concluyeron que los principios de Trato Nacional y Trato de la Naci\u00f3n m\u00e1s favorecida que se argumentaban violados \u201cno reconocen derechos humanos, ya que establecen disposiciones concretas sobre el trato que deben de darse a empresas de los dem\u00e1s Estados parte, con relaci\u00f3n a las empresas del Estado o de los otros Estados parte de dichos tratados comerciales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La ministra Loretta Ortiz, en su proyecto de sentencia, argument\u00f3 que, si bien el Tratado Integral y Progresista de Asociaci\u00f3n Transpac\u00edfico y el T-MEC forman parte de la Ley Suprema de la Uni\u00f3n, al haber sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, respectivamente, las violaciones que se denunciaban a estos no son atendibles por este medio de control.<\/p>\n\n\n\n
La ministra se remiti\u00f3 al art\u00edculo 105, p\u00e1rrafo segundo, de la Constituci\u00f3n, el cual establece que la SCJN, conocer\u00e1, en los t\u00e9rminos que se\u00f1ale, la Ley Reglamentaria de las Acciones de Inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci\u00f3n entre una norma de car\u00e1cter general y la Constituci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la ley reglamentaria de dicho art\u00edculo establece que se har\u00e1n valer los conceptos de invalidez sobre los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que M\u00e9xico sea parte que se estimen vulnerados. <\/p>\n\n\n\n