La coordinadora de Morena en Nuevo Le\u00f3n, Clara Luz Flores present\u00f3 una denuncia en la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) contra el gobernador Samuel Garc\u00eda y su esposa, Mariana Rodr\u00edguez, as\u00ed como su padre, Samuel Orlando Garc\u00eda Mascorro, por delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento il\u00edcito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Acus\u00f3 un presunto esquema de triangulaci\u00f3n de recursos desde el Gobierno del Estado hacia proveedores que presuntamente habr\u00edan transferido fondos a despachos vinculados con la familia del gobernador, con montos que se se\u00f1alan en el orden de los 7 mil 200 millones de pesos, en conjunto con otros se\u00f1alamientos de triangulaci\u00f3n previa revisados en instancias locales y federales<\/p>\n\n\n\n
Acompa\u00f1ada por el senador y delegado de Morena en Nuevo Le\u00f3n, Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ram\u00edrez Cu\u00e9llar, la coordinadora se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n interpuso una querella en contra de Adri\u00e1n de la Garza Santos, presidente municipal de Monterrey y Jovita Mor\u00edn Flores, ex Contralora municipal, y miembro activo del PAN. Por delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, tr\u00e1fico de influencias relacionados todos con su actuar con el caso Next Energy.<\/p>\n\n\n\n
Indic\u00f3 que esta acusaci\u00f3n gira en torno a un contrato irregular con dicha empresa para el desarrollo de un parque solar. De acuerdo con la denuncia, dicho convenio gener\u00f3 una afectaci\u00f3n econ\u00f3mica al ayuntamiento por 7 mil 370 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
“Presentamos dos denuncias penales contra quienes resulten responsables, porque presuntamente habr\u00edan utilizado el poder p\u00fablico para beneficiar intereses particulares y comprometer los recursos de los nuevo leoneses.<\/p>\n\n\n\n
Pero no s\u00f3lo eso, dijo que hay investigaciones sobre contratos por 110 millones de pesos celebrados entre el gobierno de Samuel Garc\u00eda con empresas sancionadas por la oficina de Control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por sus presuntos v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
\n“Es indispensable investigar si existieron conflictos de intereses, si hubo tr\u00e1fico de influencias, favorecimiento indebido de determinadas empresas, identificar qui\u00e9n autoriz\u00f3 los contratos, qui\u00e9n orden\u00f3 los pagos, verificar si los servicios efectivamente se prestaron, si las empresas involucradas contaban con los permisos y autorizaciones correspondientes y si se pagaron e iban bajo un avance de obra, ese avance de obra, quien lo fundament\u00f3 y qui\u00e9n lo justific\u00f3”.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Asimismo, dijo que resulta fundamental esclarecer el origen y el destino de los recursos utilizados para cubrir dichos pagos. “Particularmente si existi\u00f3 participaci\u00f3n de recursos federales, y determinar si estos fueron ejercidos conforme a la legislaci\u00f3n aplicable. Por ello, en ambas denuncias solicitamos la intervenci\u00f3n del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscal\u00eda Especializada en inteligencia Financiera de Nuevo Le\u00f3n y la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n para reconstruir las operaciones financieras e identificar las cuentas involucradas y conocer a los beneficiarios finales. \u2029<\/p>\n\n\n\n