Los partidos pol\u00edticos (salvo los dos nuevos, con registro desde el mes pasado) comenzaron procesos internos formales e informales rumbo a la selecci\u00f3n de sus candidatos para 2027. Este banderazo se dio al menos medio a\u00f1o antes del inicio oficial de las precampa\u00f1as y nueve meses previos al arranque de la etapa proselitista.<\/p>\n\n\n\n
El fen\u00f3meno, ahora conocido en la jerga partidista como \u201cpre-pre-precampa\u00f1a\u201d, no est\u00e1 regulado en la Constituci\u00f3n o en la ley. Se realiza con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (TEPJF), emitida en 2023, precisamente frente a las estrategias de los pol\u00edticos para despuntar desde ahora hacia las candidaturas.<\/p>\n\n\n\n
En julio de aquel a\u00f1o, la sala superior del TEPJF concluy\u00f3 que los \u201cprocesos pol\u00edticos partidistas in\u00e9ditos\u201d, en ese momento de Morena y del frente opositor, no eran ileg\u00edtimos y, por tanto, pod\u00edan continuar, siempre que se ajustaran a los l\u00edmites constitucionales.<\/p>\n\n\n\n
El magistrado Reyes Rodr\u00edguez Mondrag\u00f3n asever\u00f3 entonces que \u201ces leg\u00edtimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las caracter\u00edsticas de sus liderazgos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El TEPJF orden\u00f3 al Instituto Nacional Electoral (INE) generar lineamientos generales para regular y fiscalizar estos procesos.<\/p>\n\n\n\n
El consejero Arturo Castillo Loza, quien desde marzo pasado ha insistido varias veces y por diferentes v\u00edas en la necesidad de aprobar un marco normativo m\u00e1s robusto, con consecuencias en el proceso electoral 2026-2027, que comienza la primera semana de septiembre pr\u00f3ximo, se\u00f1al\u00f3 que el objetivo es fiscalizar desde ahora los gastos, pero sobre todo que el INE sea \u00e1rbitro en un juego que ya arranc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u201cY en caso de que se llegaran a acreditar actos anticipados de precampa\u00f1a o campa\u00f1a, los gastos involucrados en esos actos podr\u00edan ser sumados a los topes de gastos de campa\u00f1a correspondientes; esto tendr\u00eda un efecto sobre la regulaci\u00f3n y la protecci\u00f3n de la equidad en la contienda\u201d, coment\u00f3 a este diario.<\/p>\n\n\n\n
Igualmente \u2013a\u00f1adi\u00f3\u2013, dado que los mensajes de estos procesos s\u00f3lo deben estar dirigidos a los integrantes de determinado partido, no deben usarse en ese contexto las prerrogativas en radio y televisi\u00f3n (tiempos oficiales).<\/p>\n\n\n\n
Rechaz\u00f3 que el INE pretenda legislar: \u201cNo, de ninguna manera, la propuesta de lineamientos que en su momento propuse deriv\u00f3 literalmente de un mandato del TEPJF en el que, en esta sentencia de 2023, se\u00f1ala expresamente que el INE tiene la obligaci\u00f3n de proteger la equidad y la igualdad en la contienda, incluso antes de que empiecen los procesos electorales y emitiendo medidas de car\u00e1cter general aun ante la ausencia de regulaci\u00f3n expresa\u201d, recalc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Datos de las 32 vocal\u00edas ejecutivas del INE, actualizados al 4 de julio, reportan propaganda impresa y digital en 27 entidades federativas.<\/p>\n\n\n\n
Con base en monitoreos, han sido divulgadas al menos 11 entrevistas en medios nacionales de personas que manifiestan sus aspiraciones a cargos pol\u00edticos y de elecci\u00f3n popular. Asimismo, 54 renunciaron o solicitaron licencia a sus encargos en 17 entidades.<\/p>\n\n\n\n
En el contexto anterior, los vocales del INE informaron de la presentaci\u00f3n de 437 quejas o denuncias en 23 entidades, incluida una denuncia de hechos por una vocal\u00eda ejecutiva del instituto.<\/p>\n\n\n\n
Derivado de lo anterior, las autoridades electorales \u2013nacional y locales\u2013 han dictado 29 medidas cautelares en 11 entidades con motivo de estos procesos pol\u00edticos. Hay tambi\u00e9n reclamos por inacci\u00f3n de autoridades electorales en al menos 15 entidades.<\/p>\n\n\n\n