La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) dej\u00f3 firme este jueves la resoluci\u00f3n del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que anul\u00f3 el cobro de un cr\u00e9dito fiscal de 2 mil 868 millones de pesos a Fomento Econ\u00f3mico Mexicano (Femsa), al concluir que el asunto ya hab\u00eda sido resuelto en definitiva por un tribunal federal desde junio del 2024, es decir, era cosa juzgada.<\/p>\n\n\n\n
Por mayor\u00eda de votos, el Pleno aprob\u00f3 el proyecto de sentencia del ministro Giovanni Figueroa Mej\u00eda sobre la revisi\u00f3n fiscal 5\/2025 que declar\u00f3 improcedente el recurso de revisi\u00f3n de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) por falta de importancia y trascendencia jur\u00eddica, ya que la nulidad se sustent\u00f3 en un vicio formal \u2014que la autoridad fiscal actu\u00f3 fuera del plazo legal y adem\u00e1s era cosa juzgada-, supuestos en los que la ley y la jurisprudencia de la SCJN excluyen la procedencia de este recurso.<\/p>\n\n\n\n
El asunto fue atra\u00eddo por la Corte a fines de 2025, a propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Empero, el ponente dijo que no comparte \u201cla opini\u00f3n de quienes pudieran sostener que la reforma de 9 de junio de 2026, que habilit\u00f3 la procedencia de la revisi\u00f3n fiscal contra resoluciones de forma, sea aplicable al presente caso\u201d, pues ello vulnerar\u00eda el principio de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAdem\u00e1s, enviar\u00edamos un mensaje poco alentador para los contribuyentes y, en general, para las personas afectadas por actos administrativos il\u00edcitos. Y ese mensaje es que, aun y cuando hayan ganado un juicio de nulidad y conseguido una sentencia favorable, las puertas de los tribunales federales estar\u00e1n abiertas para que las autoridades puedan insistir en la defensa de los actos anulados\u201d, dijo. <\/p>\n\n\n\n
La ministra Yasm\u00edn Esquivel Mossa sostuvo que aplicar la reforma de 2026 al art\u00edculo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo implicar\u00eda afectar derechos adquiridos y dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio de la empresa. <\/p>\n\n\n\n
\u201cEstamos obligados, como tribunal constitucional, a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que M\u00e9xico s\u00ed ofrece la seguridad jur\u00eddica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la Federaci\u00f3n\u201d, apunt\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
La ministra Loretta Ortiz tambi\u00e9n se manifest\u00f3 a favor con base en precedentes en la Corte, se\u00f1alando que la jurisprudencia exige interpretaci\u00f3n estricta y aqu\u00ed no se cumple el requisito. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, aunque votaron a favor, casi la mitad de los ministros hicieron votos concurrentes, por diferir con argumentos del proyecto: el presidente Hugo Aguilar Ortiz, las ministras Lenia Batres Guadarrama y Mar\u00eda Estela R\u00edos y el ministro Irving Espinosa Betanzo. <\/p>\n\n\n\n