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Con al menos 72 mil\u00a0cuerpos sin identificar<\/strong>, M\u00e9xico enfrenta una crisis forense sin precedentes que ha rebasado a las instituciones. No s\u00f3lo fue la gravedad de los\u00a0desaparecidos<\/strong> en el pa\u00eds, sino que el Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada de la ONU (CED<\/strong>) tambi\u00e9n advirti\u00f3 de los cuerpos y restos sin identificar.<\/p>\n\n\n\n Pese a las medidas adoptadas desde 2021, no hay avances sustanciales, por lo que decidi\u00f3 escalar el caso a la Asamblea General, colocando al pa\u00eds bajo un escrutinio internacional in\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n El organismo document\u00f3 la existencia de m\u00e1s de 4 mil 500 fosas clandestinas<\/strong> en el pa\u00eds, donde se han localizado miles de restos humanos.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas autoridades siguen desbordadas y son urgentes reformas <\/strong>estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendici\u00f3n de cuentas\u201d, alert\u00f3 el comit\u00e9, al subrayar que el problema no s\u00f3lo persiste, sino que se agrava en un contexto de impunidad.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El diagn\u00f3stico del CED coincide con el informe Cuerpos bajo el resguardo del Estado, elaborado por Art\u00edculo 19, Data C\u00edvica y la Universidad Iberoamericana, el cual describe un sistema forense <\/strong>colapsado.<\/p>\n\n\n\n Para Adalberto M\u00e9ndez L\u00f3pez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH<\/strong>), este escenario refleja un fracaso estructural.<\/p>\n\n\n\n Advierte que la crisis no es s\u00f3lo forense, sino de procuraci\u00f3n de justicia: \u201cLa tensi\u00f3n forense en el tema de la desaparici\u00f3n forzada<\/strong> en M\u00e9xico ha sido un gran fracaso\u201d, se\u00f1ala, al recordar que instituciones como la Comisi\u00f3n Nacional de B\u00fasqueda se crearon para coordinar esfuerzos, pero no han logrado revertir el problema.<\/p>\n\n\n\n El especialista subraya que el eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil est\u00e1 en la investigaci\u00f3n penal<\/strong>. \u201cDe nada sirve contar con mecanismos forenses si la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica no hace su trabajo\u201d.<\/p>\n\n\n\n La impunidad, explica, sigue siendo el principal obst\u00e1culo: durante a\u00f1os, menos de 10% de los delitos denunciados<\/strong> en el pa\u00eds han llegado a sentencia, lo que evidencia la incapacidad del sistema para sancionar a los responsables. En ese contexto, plantea la necesidad de revisar cu\u00e1ntos casos de desaparici\u00f3n forzada se investigan realmente y cu\u00e1ntos derivan en condenas.<\/p>\n\n\n\n Sin ese componente, advierte, cualquier esfuerzo institucional resulta insuficiente. \u201cSi no existe una investigaci\u00f3n diligente y una persecuci\u00f3n efectiva de los delitos, de nada va a servir todo el aparato forense\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n Para M\u00e9ndez L\u00f3pez, este fen\u00f3meno revela una sustituci\u00f3n peligrosa del Estado.<\/p>\n\n\n\n \u201cLos colectivos de\u00a0madres buscadoras<\/strong>\u00a0han sido quienes han asumido la labor de encontrar cuerpos e identificar restos. Esta situaci\u00f3n refleja una omisi\u00f3n grave: la sociedad civil est\u00e1 haciendo el trabajo que corresponde a las autoridades encargadas de proteger derechos y perseguir delitos\u201d, menciona.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La especialista Eunice Rend\u00f3n, coordinadora de Agenda Migrante, se\u00f1ala que uno de los ejes recientes de la pol\u00edtica p\u00fablica ha sido la actualizaci\u00f3n y depuraci\u00f3n del registro de personas desaparecidas, con el objetivo de distinguir entre distintos estatus y contar con datos m\u00e1s precisos para la toma de decisiones.<\/p>\n\n\n\n\n
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