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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) rechaz\u00f3 echar abajo la resoluci\u00f3n que orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) dar a conocer la versi\u00f3n p\u00fablica de la carpeta de investigaci\u00f3n que inici\u00f3 sobre la desaparici\u00f3n de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI) fue impugnada por tres presuntos sicarios del grupo criminal de Guerreros Unidos, a quienes en su momento se les se\u00f1al\u00f3 de participar el secuestro, desaparici\u00f3n y homicidio de los normalistas, pero que en la administraci\u00f3n pasada se convirtieron en testigos colaboradores.<\/p>\n\n\n\n
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala aval\u00f3 la propuesta del ministro Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1, quien se\u00f1al\u00f3 en su proyecto que, en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la informaci\u00f3n no puede clasificarse como reservada.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, la fiscal\u00eda tendr\u00e1 que publicar la versi\u00f3n p\u00fablica de la carpeta, en su micrositio del Caso Iguala, donde est\u00e1n los diversos tomos de la investigaci\u00f3n del caso iniciada desde 2014.<\/p>\n\n\n\n
La Primera Sala confirm\u00f3 la sentencia de la jueza federal que rechaz\u00f3 amparar a tres personas que supuestamente formaron parte de Guerreros Unidos y que se opon\u00edan a que la FGR entregue a un ciudadano la versi\u00f3n p\u00fablica de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/SDHPDSC\/OI-GRO\/000804\/2019.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el expediente consultado, el 15 de febrero de 2023 el INAI impuso a la FGR la obligaci\u00f3n de entregar la versi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, la resoluci\u00f3n tambi\u00e9n fue impugnada por la FGR.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, por Agust\u00edn Garc\u00eda Reyes, El Chereje; Salvador Reza Jacobo, El Lucas, y Patricio Reyes Landa, El Pato, quienes en el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto fueron se\u00f1alados de presuntamente formar parte del grupo criminal y de participar en el crimen.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en 2018 fueron liberados por orden de un Tribunal Federal, el cual determin\u00f3 que en sus casos se viol\u00f3 el debido proceso y que fueron torturados.<\/p>\n\n\n\n
En la administraci\u00f3n de L\u00f3pez Obrador, los presuntos sicarios se convirtieron en testigos colaboradores y sus declaraciones ante el Ministerio P\u00fablico Federal derivaron en diversas detenciones hasta el d\u00eda de hoy.<\/p>\n\n\n\n
De los tres testigos, solo dos sobreviven, ya que la semana pasada fue asesinado El Pato, en su casa en Jilotepec, en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
En sus amparos en revisi\u00f3n interpuestos ante un Tribunal Federal, los tres quejosos argumentaron que no se les estaba dando la oportunidad de exponer ante la instancia pertinente los da\u00f1os, perjuicios y posibles riesgos de vida y salud que implica la publicidad de la carpeta, ni se les estaba dando participaci\u00f3n para verificar qu\u00e9 tipo de informaci\u00f3n se pretende adicionar para hacerla p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
\u201c\u2026pues si al solicitante no le bast\u00f3 la informaci\u00f3n que ya es p\u00fablica, es de suponerse que se revelar\u00e1 m\u00e1s informaci\u00f3n de la cual no se est\u00e1 dando la oportunidad de ejercer derechos, ni defender lo que les pudiera poner en riesgo de vida, salud y seguridad; siendo que se les pudieran causar da\u00f1os irreparables\u201d, mencionaron.
La FGR tambi\u00e9n argument\u00f3 que se pone en peligro la integridad de la investigaci\u00f3n, la formulaci\u00f3n de la teor\u00eda del caso e incluso la vinculaci\u00f3n a proceso de los imputados; esto es, porque se obstaculizar\u00eda la sustanciaci\u00f3n del procedimiento penal, incluida la violaci\u00f3n al derecho a la verdad.<\/p>\n\n\n\n
Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1 consider\u00f3 que los argumentos son inoperantes, ya que, al tratarse de violaciones graves de derechos humanos, la informaci\u00f3n solicitada reviste el car\u00e1cter o naturaleza de p\u00fablica, motivo por el cual los quejosos no cuentan con el derecho a oponerse al acceso de la informaci\u00f3n confidencial.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn las relatadas consideraciones, no le asiste raz\u00f3n a los quejosos y recurrentes, pues el ejercicio del derecho de acceso a la informaci\u00f3n, en los casos que verse sobre investigaciones de hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la informaci\u00f3n solicitada no puede clasificarse como reservada, aunado a que, trat\u00e1ndose de datos personales, los sujetos obligados o las autoridades en la materia est\u00e1n obligados a emitir una versi\u00f3n p\u00fablica del documento solicitado en el que testen la informaci\u00f3n confidencial (como se orden\u00f3 por la autoridad responsable); siendo que con ello se resuelve la tensi\u00f3n entre el principio de m\u00e1xima publicidad y las limitaciones al derecho de acceso a la informaci\u00f3n en raz\u00f3n de los datos personales considerados confidenciales\u201d, menciona el proyecto aprobado.<\/p>\n\n\n\n