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El Comit\u00e9 de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios evalu\u00f3 en Ginebra al Estado mexicano, donde mostr\u00f3 escasos avances en verdad, justicia y reparaci\u00f3n para familiares de migrantes v\u00edctimas de desapariciones y masacres.<\/p>\n\n\n\n
Solicit\u00f3 a M\u00e9xico informaci\u00f3n sobre las acciones realizadas para: investigar los delitos y las violaciones a derechos humanos contra migrantes, fortalecer la b\u00fasqueda de migrantes desaparecidos y para instalar la Mesa de b\u00fasqueda de migrantes pendiente desde hace tres a\u00f1os, pero no tuvo respuesta del Estado a dichos cuestionamientos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se destac\u00f3 la ausencia de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y del Instituto Nacional de Migraci\u00f3n (INM), instituciones necesarias para atender las problem\u00e1ticas. As\u00ed, el pr\u00f3ximo martes 15 de abril, el Comit\u00e9 publicar\u00e1 su informe y recomendaciones para M\u00e9xico, de acuerdo con la Fundaci\u00f3n para la Justicia y el Estado Democr\u00e1tico de Derecho (FJEDD).<\/p>\n\n\n\n
Misma que, acompa\u00f1ada por otras organizaciones, enviaron informes al Comit\u00e9 respecto a desaparici\u00f3n, masacres y trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarizaci\u00f3n, discriminaci\u00f3n<\/strong>, racismo y xenofobia, regularizaci\u00f3n migratoria, derechos de ni\u00f1ez migrante y falta de acceso a derechos.<\/p>\n\n\n\n Sobre la falta de verdad y justicia para los familiares de las v\u00edctimas de las masacres <\/strong>de 72 migrantes (2010), fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), la delegaci\u00f3n del Estado Mexicano s\u00f3lo mencion\u00f3 los largos juicios iniciados por las v\u00edctimas, sin informar resultados de las investigaciones de la FGR, ni avances en la identificaci\u00f3n y sanci\u00f3n de responsables.<\/p>\n\n\n\n \u201cTampoco mencionaron que en relaci\u00f3n a la masacre de 72 migrantes y el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, se han dictado dos sentencias contra 38 presuntos integrantes de los zetas, por delitos de delincuencia organizada o portaci\u00f3n de arma de fuego, m\u00e1s no por los secuestros,\u00a0tortura\u00a0<\/strong>y homicidios de los migrantes\u201d, se\u00f1al\u00f3 la FJEDD.<\/p>\n\n\n\n El Estado mexicano reconoci\u00f3 el bajo \u00edndice de judicializaci\u00f3n de casos de delitos contra migrantes, y se\u00f1al\u00f3 que durante el per\u00edodo de 2019 a 2025 se emitieron 53 sentencias, 10 absolutorias y 43 condenatorias. Asimismo, refiri\u00f3 que del 2018 al 2023, tan solo se han obtenido 15 sentencias condenatorias por\u00a0desaparici\u00f3n forzada<\/strong>, sin especificar que las v\u00edctimas fueran migrantes.<\/p>\n\n\n\n El Comit\u00e9 destac\u00f3 su preocupaci\u00f3n por los efectos de la militarizaci\u00f3n del control migratorio y los casos donde personas migrantes han sido asesinadas a manos de fuerzas militares como la Guardia Nacional (GN). Pablo Ceriani, el Relator del Comit\u00e9 para M\u00e9xico, destac\u00f3 que el enfoque securitista afecta todos los \u00e1mbitos de derechos <\/strong>de los migrantes.<\/p>\n\n\n\n Otros casos sobre los que fue cuestionado el Estado mexicano fueron: la masacre de 17 migrantes en Camargo, Tamaulipas (2021), el caso del cubano Cristobal Cobreiro, asesinado por la Guardia Nacional en Chiapas (2021), el caso de la migrante salvadore\u00f1a Victoria Salazar asesinada por polic\u00edas municipales en Quintana Roo (2021), y el caso del incendio de la estaci\u00f3n migratoria en Ciudad Ju\u00e1rez donde fallecieron 40 migrantes (2023).<\/p>\n\n\n\n