La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) desestim\u00f3 la declaratoria general de inconstitucionalidad de la ley de instituciones de cr\u00e9dito que faculta a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) para obtener informaci\u00f3n bancaria sin orden judicial.<\/p>\n\n\n\n
Esto luego de obtener seis de los ocho votos para aprobar la declaratoria general de inconstitucionalidad del art\u00edculo 142 fracci\u00f3n I de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n
La ministra ponente Margarita R\u00edos Farjat manifest\u00f3 que el art\u00edculo 142 reformado mediante un proceso legislativo, no implic\u00f3 un cambio en el sentido normativo al tener s\u00f3lo la modificaci\u00f3n en la palabra procurador por fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Destac\u00f3 que la Primera Sala no encuentra raz\u00f3n jur\u00eddica v\u00e1lida, \u201cpara que en casos como el que nos ocupa, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica solicite informaci\u00f3n resguardada por el secreto bancario en detrimento del derecho humano a la vida privada.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPor lo que se hace necesario el control judicial para requerir la historia crediticia de un gobernado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El 25 de enero de 2023, la Primera Sala de La Corte, al resolver el amparo en revisi\u00f3n 58\/2021, declar\u00f3 la inconstitucionalidad del precepto aludido, al considerar que vulnera el derecho a la privacidad, en su vertiente de secreto bancario, porque permite al Ministerio P\u00fablico solicitar informaci\u00f3n financiera de una persona sujeta a investigaci\u00f3n penal, a fin de comprobar la comisi\u00f3n de un delito o la probable responsabilidad penal, sin someter dicha petici\u00f3n a la autorizaci\u00f3n de una persona juzgadora, lo que es contrario al art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El amparo fue resuelto en la Sala por mayor\u00eda de cuatro votos, motivo por el cual constituy\u00f3 jurisprudencia por precedente obligatorio.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, cuando el Pleno o las Salas determinan la inconstitucionalidad de una norma general, se procede a notificar a la autoridad emisora, para que en el plazo de 90 d\u00edas supere el problema de inconstitucionalidad.<\/p>\n\n\n\n