La diputada morenista\u00a0Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Huerta\u00a0pide a la fiscal\u00eda de la\u00a0CDMX\u00a0que solicite el desafuero del senador\u00a0Miguel \u00c1ngel Mancera, para hacerlo responsable de negligencia criminal en el caso de la\u00a0L\u00ednea 12 del metro\u00a0de la CDMX.<\/p>\n\n\n\n
Evidentemente realizar esto en los tiempos electorales tiene como trasfondo el mensaje a la ciudadan\u00eda de que el PRD, ahora aliado con los adversarios pol\u00edticos de MORENA y partido al que pertenece Mancera, es responsable del accidente y por tanto, no merece su confianza y su voto.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, la intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica para fincar cargos a los dos candidatos punteros en la campa\u00f1a por la gubernatura de Nuevo Le\u00f3n,\u00a0Samuel Garc\u00eda, de MC y\u00a0Adri\u00e1n De La Garza, del PRI, significa la intervenci\u00f3n del Gobierno Federal en este proceso, pues la\u00a0FGR, aunque en estricto sentido es aut\u00f3noma, parece responder a los deseos presidenciales.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de la rep\u00fablica reconoci\u00f3 en una ma\u00f1anera su inter\u00e9s en intervenir en la contienda por la gubernatura de ese estado, \u201cpara evitar posibles fraudes que atentan contra la democracia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Las denuncias de la FGR en contra del candidato del PRI en NL por el uso de la tarjeta rosa en campa\u00f1a, deton\u00f3 la confrontaci\u00f3n de criterios entre Ciro Murayama, consejero electoral del\u00a0INE\u00a0y\u00a0Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, del Senado y l\u00edder de la bancada de MORENA, quien justifica la intervenci\u00f3n de la FGR, lo cual ha evidenciado un grave conflicto de intereses que vulnera la democracia: no debe haber dos instituciones vigilando al mismo nivel de responsabilidad y atribuciones un mismo proceso.<\/p>\n\n\n\n
El INE, por una parte, reconocido como \u00e1rbitro electoral, que es el esp\u00edritu de su identidad institucional, pues esta es la misi\u00f3n para la que fue creado y en contraposici\u00f3n la FGR, no pueden participar sancionando el mismo proceso con las mismas atribuciones, seg\u00fan nos indica el sentido com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n
El C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales refiere que es delito grave el uso de los programas sociales con fines electorales y esto evidentemente cae en el \u00e1mbito judicial, pues en las reformas al Art\u00edculo 19 constitucional se incluy\u00f3 entre el cat\u00e1logo de delitos que ameritan la prisi\u00f3n preventiva oficiosa, el uso de programas sociales con fines electorales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la interpretaci\u00f3n de cu\u00e1ndo una acci\u00f3n electoral es constitutiva de delito, requiere un criterio especializado, que corresponde determinar al \u00e1rbitro electoral y no al ejecutor de la justicia, que es la FGR.<\/p>\n\n\n\n
Es evidente que el liderazgo durante los procesos electorales debe tenerlo el INE, en su rol de autoridad electoral. Precisamente este \u00e1rbitro es quien debe solicitar el respaldo de la FGR para sancionar o castigar a un candidato o partido cuando infrinja las leyes electorales, pero no pueden estar ambas instituciones, con total independencia, tomando iniciativas y ejerciendo acciones.<\/p>\n\n\n\n
Al INE no le compete la integraci\u00f3n, averiguaci\u00f3n, ni prevenci\u00f3n del\u00a0delito electoral, pero s\u00ed denunciar los delitos electorales ante las autoridades judiciales.<\/p>\n\n\n\n
Por tanto, debe reconoc\u00e9rsele al INE su especializaci\u00f3n en el \u00e1mbito electoral y su liderazgo para realizar interpretaciones y generaci\u00f3n de criterios respecto a la posible configuraci\u00f3n de delitos electorales. De este modo la FGR debe convertirse en el brazo ejecutor de la justicia electoral, pero al servicio del INE.<\/p>\n\n\n\n
Esta incongruencia vigente hoy, respecto a las atribuciones de la FGR, ha permitido el uso de las instituciones judiciales para bajar candidatos de contiendas electorales, no s\u00f3lo argumentando delitos electorales, como hoy que se le fincan responsabilidades a Adri\u00e1n De La Garza, sino tambi\u00e9n cualquier otro posible delito, como sucede con las denuncias contra Samuel Garc\u00eda a quien la FGR supuestamente le ha abierto una carpeta de investigaci\u00f3n. A final de cuentas, el fin que se persigue con esta acci\u00f3n es el mismo: nulificar a un candidato para dejarle abierto el camino al representante oficial del grupo en el poder.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, esta pr\u00e1ctica no s\u00f3lo es instrumentada por este gobierno, pues el mismo\u00a0Vicente Fox\u00a0lo intent\u00f3 promoviendo el desafuero, precisamente, de quien en ese entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de M\u00e9xico,\u00a0Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, argumentando su responsabilidad en la violaci\u00f3n de una orden judicial referente a la suspensi\u00f3n de obras en el predio La Mexicana. Aunque se realiz\u00f3 este intento fuera de los tiempos electorales, pues se juzgaba al funcionario p\u00fablico, mucho tiempo antes de que fuese considerado como posible candidato, la opini\u00f3n p\u00fablica interpret\u00f3 el trasfondo electoral de esa decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Del mismo modo, el presidente Pe\u00f1a Nieto utiliz\u00f3 a la PGR para bajar de la contienda a\u00a0Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la rep\u00fablica durante la elecci\u00f3n del 2018, argumentando la adquisici\u00f3n de una bodega en Quer\u00e9taro con recursos de procedencia dudosa, acusaci\u00f3n que no se pudo sustentar y tuvieron que absolverlo, pero el da\u00f1o ya estaba hecho, pues lo sacaron de la competencia electoral.<\/p>\n\n\n\n
Por tanto, que ahora lo haga el gobierno que encabeza el presidente L\u00f3pez Obrador no es extra\u00f1o. Sin embargo, no es justificable que en sus conferencias ma\u00f1aneras se jacte de ser diferente de sus antecesores y sin embargo, siga practicando esta misma conducta para eliminar adversarios electorales.<\/p>\n\n\n\n
El Congreso debe legislar para blindar las elecciones y protegerlas de interferencias judiciales que pueden llegan desde el Poder Ejecutivo, con temas incluso ajenos al proceso electoral, los cuales podr\u00edan haberse desahogado mucho antes de que la persona fuese nombrada candidato, o despu\u00e9s de la elecci\u00f3n, antes de la toma de posesi\u00f3n del cargo si este resultase ganador.<\/p>\n\n\n\n
La manipulaci\u00f3n de la justicia debiese ser considerada en s\u00ed misma un delito electoral.<\/p>\n\n\n\n
Es crucial resolver esta interpretaci\u00f3n conflictiva de atribuciones entre INE y FGR respecto a la calificaci\u00f3n de los delitos electorales, adem\u00e1s de instituir una \u201cveda judicial\u201d durante el periodo de las campa\u00f1as electorales, extendida a unas semanas antes y otras posteriores, a fin de evitar interferencias.<\/p>\n\n\n\n
Es necesario fortalecer la legislaci\u00f3n electoral con miras al proceso del 2024, pues estas intromisiones judiciales siempre ensucian la vida democr\u00e1tica y pueden acarrear graves consecuencias.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfA usted qu\u00e9 le parece?<\/p>\n\n\n\n