La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) invalid\u00f3 el acuerdo ordenado por el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador mediante el cual se clasific\u00f3 como de seguridad nacional y de inter\u00e9s p\u00fablico los proyectos prioritarios del gobierno federal, lo que implic\u00f3 que se pudiera reservar toda la informaci\u00f3n de este tipo de obras como es el caso de la refiner\u00eda Olmeca-Dos Bocas, el Tren Maya, y el Aeropuerto Internacional Felipe \u00c1ngeles, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Al iniciar la discusi\u00f3n de esta impugnaci\u00f3n promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI), la mayor\u00eda del Pleno del m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds determin\u00f3 que este acuerdo se trataba de un acto administrativo y no una norma general,<\/strong> por lo que s\u00f3lo se requer\u00edan seis votos para declarar su inconstitucionalidad.<\/p>\n\n\n\n Salvo las ministras Yasm\u00edn Esquivel y Loretta Ortiz, as\u00ed como el ministro Arturo Zald\u00edvar, el resto de los ocho ministros que integran el Pleno de la SCJN se pronunciaron por invalidar este acuerdo<\/a> publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 22 de noviembre de 2021.<\/p>\n\n\n\n En su proyecto de sentencia, el ministro Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1 argument\u00f3 que este acuerdo era inconstitucional porque, debido \u201ca su amplitud y ambig\u00fcedad, obstaculizan e inhiben el acceso a la informaci\u00f3n de toda la ciudadan\u00eda <\/strong>respecto de las obras del gobierno de M\u00e9xico”.<\/p>\n\n\n\n “El acuerdo es, en tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho al acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y transparencia que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la informaci\u00f3n, adem\u00e1s de que la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa de proyectos u obras.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n “Tal como est\u00e1 formulado el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos p\u00fablicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo”, enfatiz\u00f3.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n