El presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, a trav\u00e9s de la Consejer\u00eda Jur\u00eddica, pidi\u00f3 formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, Norma Luc\u00eda Pi\u00f1a, resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidi\u00f3 la Ley General de Comunicaci\u00f3n Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, es decir, el Plan B electoral.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de un comunicado, record\u00f3 que esta ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayor\u00edas parlamentarias del PRI y PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minor\u00eda en el Senado, la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, seg\u00fan los accionantes, no son acordes con la Constituci\u00f3n federal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa solicitud de la Consejer\u00eda Jur\u00eddica del Ejecutivo Federal es con el prop\u00f3sito de evitar la emisi\u00f3n de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jur\u00eddica en perjuicio del pueblo de M\u00e9xico, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos pol\u00edticos, por el bien de la Rep\u00fablica y el sano equilibrio entre los Poderes de la Uni\u00f3n\u201d<\/em>.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Detall\u00f3 que, al dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n de inconstitucionalidad 52\/2018 y sus acumuladas 53\/2018 y 55\/2018, la Corte consider\u00f3 que la ley impugnada no ten\u00eda car\u00e1cter electoral ni concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvi\u00f3 en la diversa acci\u00f3n de inconstitucionalidad 29\/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicaci\u00f3n Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022.<\/p>\n\n\n\n