{"id":104372,"date":"2023-04-25T10:37:22","date_gmt":"2023-04-25T15:37:22","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=104372"},"modified":"2023-04-25T10:37:23","modified_gmt":"2023-04-25T15:37:23","slug":"palomea-tepjf-reestructura-y-despidos-en-el-ine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2023\/04\/25\/palomea-tepjf-reestructura-y-despidos-en-el-ine\/","title":{"rendered":"‘Palomea’ TEPJF reestructura y despidos en el INE"},"content":{"rendered":"\n

El Tribunal Electoral consider\u00f3 que la reestructura\u00a0que el\u00a0Plan B\u00a0<\/em>ordena al INE, el cual implica el despido de cientos de trabajadores y la fusi\u00f3n de \u00e1reas,\u00a0no es inconstitucional.<\/strong>\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Como tampoco ven irregularidad alguna en retrasar el proceso electoral presidencial del 1 de septiembre a la \u00faltima semana de noviembre<\/strong>, pues ambos cambios est\u00e1n dentro de la \u201clibertad legislativa\u201d que prev\u00e9 la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo indica la opini\u00f3n que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n envi\u00f3 al ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, Javier Laynez, para ser considerado al resolver de fondo la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado Plan B<\/em> de la reforma electoral.<\/p>\n\n\n\n

El documento, determina que desde un an\u00e1lisis electoral, de 34 art\u00edculos y temas impugnados, seis son inconstitucionales, 12 no requieren una opini\u00f3n electoral por ser de otro \u00e1mbito, y 16 s\u00ed son constitucionales.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, se trata de una opini\u00f3n dividida, pues en 10 de los 16 puntos declarados sin contradicciones a la Constituci\u00f3n<\/strong>, algunas magistraturas no estuvieron de acuerdo y al final del documento, incluyeron las salvedades.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, en el primer tema, el PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron el redise\u00f1o, los cambios estructurales y la afectaci\u00f3n a la plantilla del personal administrativo del Instituto Nacional Electoral y los Organismos P\u00fablicos Locales Electorales, que contempla suprimir dos mil 126 plazas entre vocal\u00edas y jefaturas de oficina, y el 85 por ciento de funcionarios ser\u00edan despedidos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, los magistrados Jos\u00e9 Luis Vargas, M\u00f3nica Soto, Indalfer Infante y Reyes Rodr\u00edguez Mondrag\u00f3n sostuvieron que estos cambios \u201cson parte de la libertad de configuraci\u00f3n legal de que goza el legislador nacional sin que dicha facultad o libertad definitoria se traduzca, per s\u00e9, en una vulneraci\u00f3n a los principios de autonom\u00eda e independencia<\/strong> conferidos constitucionalmente a las autoridades electorales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Y concluyen que \u201cno se advierte alguna modificaci\u00f3n normativa tendente a vulnerar, alterar o menoscabar la autonom\u00eda del INE o de los OPLES en general\u201d y que incluso, la reforma \u201cno incide en la atribuci\u00f3n del INE de decidir\u201d<\/strong>, pues se preservan los 32 \u00f3rganos locales y hasta 300 distritales \u201cque podr\u00e1n ser permanentes o temporales\u201d, seg\u00fan la decisi\u00f3n del Consejo General.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa inconstitucionalidad que alegan, la hacen depender del supuesto de que la autoridad electoral no contar\u00e1 con el personal especializado y suficiente, pero estos planteamientos derivan de aspectos f\u00e1cticos que dependen de cuestiones futuras e inciertas y depende de m\u00faltiples factores que ni siquiera se han actualizado o materializado.
<\/strong>\u201cNo se advierte que las fusiones, supresiones y creaciones tengan como efectos la imposibilidad de acci\u00f3n o la desarticulaci\u00f3n org\u00e1nica que torne disfuncional a las autoridades comiciales\u201d.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Pero la magistrada Janine Ot\u00e1lora y sus pares Felipe de la Mata Piza\u00f1a y Felipe Fuentes dejaron claro que, por el contrario, consideran que \u201cs\u00ed es una inconstitucionalidad porque se incide en la autonom\u00eda del INE\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Casi por unanimidad, tambi\u00e9n palomearon como constitucional el cambio de la fecha del arranque de los procesos electorales, que en este a\u00f1o implica la elecci\u00f3n presidencia. <\/p>\n\n\n\n

Avalan que el arranque pase del 1 de septiembre a la tercera semana de noviembre, lo cual implica retrasar el inicio de las precampa\u00f1as y instalaci\u00f3n de consejeros electorales<\/strong>, por lo tanto, un menor tiempo para la insaculaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n del funcionariado de casilla.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa profesionalizaci\u00f3n con la que el INE realiza sus actividades, se considera que no colisiona con la reducci\u00f3n del plazo de duraci\u00f3n del proceso electoral, pues si bien esta circunstancia podr\u00eda incidir en las atribuciones que tiene encomendadas, en relaci\u00f3n con los plazos con los que contar\u00e1, ello de manera alguna implica que estar\u00e1 impedido para realizar sus actividades<\/strong>.
\u201cA\u00fan cuando el proceso electoral inicie la tercera semana de noviembre del a\u00f1o previo a la elecci\u00f3n, no constituye una contravenci\u00f3n al desempe\u00f1o profesional del INE. No son contrarias al principio de certeza, pues este se encuentra tutelado por los tiempos para dar resultados y no la fecha en que inician los procesos comiciales\u201d.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

En este punto, s\u00f3lo Felipe de la Mata Piza\u00f1a no estuvo de acuerdo,<\/strong> al considerar que s\u00ed se pone en riesgo la labor de organizar elecciones y se afectan los principios rectores de certeza. Mientras el resto, incluso descart\u00f3 que este retraso incentive o dispare los actos anticipados de precampa\u00f1a y otros il\u00edcitos electorales.<\/p>\n\n\n\n

En otro tema. Aunque fue uno de los puntos m\u00e1s pol\u00e9micos en la reciente intenci\u00f3n de reformar al TEPJF, la mayor\u00eda de las magistraturas sostuvieron que no es inconstitucional hacer cambios en la paridad y acciones afirmativas,<\/strong> pues consideraron que no se viola el principio de progresividad, ya que las medidas tomadas en los anteriores procesos electorales s\u00f3lo fueron de car\u00e1cter temporal, en lo cual no estuvieron de acuerdo Ot\u00e1lora, De la Mata y Fuentes.<\/p>\n\n\n\n

Los otros puntos que consideran constitucionales son la integraci\u00f3n de las mesas directivas de casilla los cuales incluyen los cambios con poca anticipaci\u00f3n de los representantes de partidos el d\u00eda de la votaci\u00f3n; y que los juicios que aleguen la nulidad de los resultados se subsanen con un recuento de votos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo M\u00f3nica Soto y sus pares Jos\u00e9 Luis Vargas e Indalfer Infante no manifestaron alguna reserva de inconstitucionalidad adicional.<\/p>\n\n\n\n

Por el contrario, Janine Ot\u00e1lora fue la que m\u00e1s reservas present\u00f3 por no estar a favor de que estos cambios eran legales,\u00a0presentando salvedades en ocho de los 16 ajustes validados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fuente: Milenio<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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