Luis Pazos
Las marchas, una organizada por la sociedad civil y otra por el gobierno, tuvieron diferentes objetivos y métodos para reunir a los manifestantes. En una, el total de los asistentes llegó por su decisión libre y sus propios medios; en la organizada por los gobiernos, la mayoría fueron acarreados.
En la organizada por la sociedad asistieron 640 mil en la CDMX y alrededor de 360 mil en 44 ciudades, aproximadamente un millón. En la financiada por el gobierno y Morena utilizaron recursos de los impuestos para rentar mil 787 camiones y repartir más de medio millón de tortas, lo que tipifica varios delitos.
A la marcha organizada por los ciudadanos les bloquearon el Zócalo con la construcción de un campo de béisbol, y lo desarmaron para darle paso a la contramarcha, organizada por el gobierno con recursos públicos, que no llenó el Zócalo, a pesar de incorporar indebidamente a miembros de la Guardia Nacional sin su uniforme, trabajadores del gobierno y de empresas estatales, a quienes les pasaron lista sus líderes sindicales y los amenazaron con despido o restarles prestaciones si no asistían.
A los líderes de quienes tienen puestos en las calles en la CDMX, como pasó en Tepito, los amenazaron con quitarles sus lugares en la vía pública si no asistían a la manifestación.
Los estados gobernados por Morena, “invirtieron” millones para cumplir su cuota de acarreados y engrosar una marcha sin ningún objetivo en beneficio de la sociedad. La marcha convocada por organizaciones civiles tuvo como fin defender al Instituto Nacional Electoral, INE, autónomo, encargado de organizar las elecciones, que impide fraudes y es base de la democracia.
La reforma electoral propuesta por Morena busca desaparecer al INE, y crear una institución electoral controlada por el gobierno de Morena, para que en las próximas elecciones “se despachen con la cuchara grande”, cometan impunemente fraudes y ganen las elecciones para elegir al próximo presidente.
Esa reforma, de convertirse en ley, le abre las puertas al gobierno de Morena para controlar un nuevo organismo electoral y el nombramiento de jueces y magistrados, lo que termina con la división de poderes, fundamento de la democracia. Convertiría a México en una dictadura, como la Rusia de Putin, la Venezuela de Maduro y la Cuba de la familia Castro.
